OPINION DE EL CRISTALAZO DE RAFAEL CARDONA.
Crónica de hoy.
9 de agosto de 2009.
Un viento de esperanza pasa por la torturada mente de los padres de los niños asesinados en Hermosillo. La Suprema Corte de Justicia, una vez cumplido su periodo vacacional, se ha hecho cargo de investigar los hechos criminales de la guardería ABC.
Independientemente de las conclusiones previsibles del asunto, hay dos elementos importantes a los cuales se ha prestado escasa atención en los días recientes.
Uno guarda relación con el mal funcionamiento institucional y su vinculación con la justicia, y el otro el análisis de fondo sobre la figura de la subrogación, la cual —lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones—, lleva consigo una cesión irresponsable de la función pública para cumplir con los fines naturales de las instituciones de seguridad social.
Este concepto, seguridad social, es inherente a la función pública. Es una potestad estatal, una obligación del gobierno. Subrogarla con pretextos económicos o de capacidad física, es comenzar el desmantelamiento del Estado, asunto en el cual los mexicanos hemos avanzado demasiado de manera muy peligrosa. Y ya la Corte comienza a comprenderlo. Vea usted.
Para asumir la investigación se trazaron “criterios orientadores” para determinar cuándo y en cuáles casos debe ejercerse la facultad indagatoria. En el expediente del asunto ABC, hay cuatro puntos importantes.
1) Que se trate de hechos generalizados, consecuentes a un estado de cosas, acaecidos en una entidad o región determinadas.
2) Que se trate de ACONTECIMIENTOS QUE DEBIENDO SER AFRONTADOS Y RESUELTOS POR LAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NO SE LOGREN CONTROLAR POR LA ACTITUD DE LAS PROPIAS AUTORIDADES (las mayúsculas son mías).
3) Que las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, sean las que produzcan o propicien los actos violentos.
4) Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o incapaces de encausar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien, de garantizar el respeto a las garantías individuales.
5) QUE SE INTENTE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA CULTURA DEL ENGAÑO, LA MAQUINACIÓN Y EL OCULTAMIENTO QUE PROPICIA LA PROPIA AUTORIDAD.
Como vemos el reconocimiento de la ineptitud (punto 2) y la corrupción (punto 4), son circunstancias suficientes para suponer el resultado de la investigación, el cual —por cierto— ni siquiera es necesario. La Corte no descubrirá; confirmará.
Pero de hecho ya nos ha dicho cuál es el entorno de debilidad institucional: las autoridades responsables de algo, han hecho todo lo contrario. Quienes debían afrontar y resolver (el IMSS y el gobierno de Sonora en sus dos ámbitos, estatal y municipal) no han logrado controlar nada y por el contrario han usado la cultura del engaño para ocultar sus propias debilidades y malas artes.
Y por cuanto hace al asunto de la subrogación, valen aquí las palabras del magistrado José Ramón Cossío Díaz:
“Los requisitos, o mejor dicho los puntos del objeto que propongo son los siguientes:
“Primero. Analizar el marco jurídico federal, estatal y municipal relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería.
“Segundo. Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con patrones que tienen instaladas guarderías en sus establecimientos.
“Tercero. Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con particulares, no patrones, para la prestación del servicio de guarderías.
“Cuarto. Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación celebrado entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC…”.
Si bien la argumentación del ministro Cossío tiene ocho puntos cuya enumeración resultaría prolija en este espacio, la sustancia de su apunte es muy sencilla: revisar si la subrogación debe seguir como forma de cesión de responsabilidades o no. Esa sería la única utilidad de una discusión de esta naturaleza.
“Analizar el marco federal, estatal y municipal —dice— relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería…”
Dije aquí el siete de junio:
“El incendio de la guardería ABC en Sonora, cuya gravedad sobrepasa cualquier adjetivación, es un hecho cuya posibilidad de repetición nos aguarda cualquiera de estos días a la vuelta de cualquier esquina, y se debe, fundamentalmente a una idea errónea en la cual el gobierno ha persistido hasta la ufanía: la privatización de la seguridad social.
“El servicio de guarderías comenzó a ser entregado (subrogado; o sea sustituido) a los particulares en los dorados momentos del liberalismo social salinista. Los actuales gobernantes no solo lo han asumido como suyo sino lo han convertido hasta en un negocio para particulares cuya gratitud se convierte en votos.
“Detrás de cada guardería privada y ‘supervisada’ (ya vimos con cuanta eficacia) hay un enclave político disfrazado con los programas del gobierno, lo cual no deja de ser una paradoja: para ampliar la cobertura social se los entregan al sector privado cuya finalidad no es de interés colectivo sino de lucro empresarial”.
racarsa@hotmail.com
8/11/09
El derecho a saber
La Corte y el derecho a saber
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Por lo menos tres ministros invocaron el derecho de los mexicanos a la verdad, durante el debate del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyó con la aprobación de una pesquisa constitucional sobre la matanza de 49 niños en una guardería subrogada del IMSS. El jueves pasado el máximo tribunal no sólo resolvió ejercer la facultad excepcional que le otorga el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, sino que proclamó el derecho a saber como un valor jurídico que el Estado debe satisfacer. La Corte, por lo pronto, se propone conocer la verdad de lo ocurrido en torno al incendio del 5 de junio que produjo aquel oprobioso resultado y hacerla conocer.
Ese tribunal, sin embargo, es remiso a aprovechar ese objetivo esta vez señalado con entusiasmo por algunos de sus miembros. Con su escepticismo seco, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, cuya ponencia fue rechazada por ocho de sus colegas y sólo apoyada por dos, dijo entre los fundamentos de su propuesta de rehusar la indagación que “para bien de los mexicanos, de los 13 expedientes que tenemos registrados” abiertos con la pretensión de aplicar el artículo 97, “seis solicitudes han sido desechadas por falta de legitimación; otras tres han sido declaradas improcedentes, y en una más, relativa a cierta autora, después de haberse practicado la investigación ordenada por el tribunal pleno, se concluyó mayoritariamente que no se encontró prueba idónea para demostrar la grave violación de garantías individuales”.
Dejemos de lado la necesaria exploración psicológica que condujo a Aguirre Anguiano a convertir en innombrable a Lydia Cacho y a aludir a ella sólo como “cierta autora”. No podemos imaginar que lo hizo por rubor, porque la contundente seguridad en sí mismo que ostenta el ministro tapatío impide pensar que es capaz de esa demostración del ánimo, pariente del arrepentimiento o la vergüenza por un error cometido. Lo que importa es su balance sobre el ejercicio de la facultad de investigación de la Corte. No es alentador. Y el recuento de las ocasiones en que ese tribunal se ha negado a indagar hechos cuya verdad podría establecerse mediante ese mecanismo sería aún menos estimulante si agregamos la negativa de los ministros, en su función jurisdiccional, a atraer procesos en que puede establecerse el sentido último y el contorno de hechos sangrientos como la matanza del 10 de junio de 1971 o escándalos de defraudación electoral: desechó la posibilidad de manifestarse ante el debate sobre la revisión de los paquetes de la elección presidencial de 2006, litigio que por esa omisión del supremo tribunal se libra ahora en uno internacional.
Creamos, sin embargo, que de ahora en adelante el compromiso de la Corte con la verdad discurrirá por otras vías. En congruencia con formulaciones previas, el ministro Genaro David Góngora Pimentel, que vive sus últimos meses en ese tribunal –concluye en noviembre el período de 15 años para el que fue designado–, evocó el derecho a la verdad. Antes formuló su hipótesis sobre el acontecimiento del 5 de junio: “Las consecuencias del accidente (…) probablemente se agravaron a partir de la negligencia continuada de diversos actores, que no solamente corresponden a los particulares encargados de la guardería subrogada, sino también son responsables directos autoridades encargadas de vigilar el correcto funcionamiento de este programa de seguridad social en beneficio de las niñas y niños hijos de derechohabientes”. Sostuvo después, al fundar su voto a favor de que la Corte investigara el caso y su entorno institucional, que, al hacerlo, el tribunal debe favorecer “el cumplimiento del derecho a la verdad, que se proyecta hacia las personas afectadas y hacia la comunidad en su conjunto, que debe tener ese derecho de saber qué pasó, el derecho a la verdad”.
Ese derecho a saber había sido invocado por el ministro Juan Silva Meza en enero de 2006, cuando quedó en la minoría de quienes buscaron que el pleno atrajera una pesquisa sobre el crimen de Tlatelolco. Ahora lo equiparó al derecho a la información, a la “búsqueda de la verdad, de la verdad que quiere saber y conocer la sociedad respecto de actuaciones que han producido consecuencias tales como: violaciones graves, graves violaciones de derechos fundamentales…”. Y después insistió: “A través de esta investigación –y por eso estoy convencido que debe hacerse– es necesario exponer a la sociedad civil, en el caso concreto todas las personas que estuvieron en torno de estos lamentabilísimos hechos, la verdad, la verdad de estos hechos; si fueron propiciados directa o indirectamente por acción u omisión”.
De los ocho ministros que aprobaron realizar la investigación, el ministro Fernando Franco González Salas fue el tercero en sostener que entre los logros que debe perseguir la indagación cuente satisfacer el derecho a la verdad:
El hecho de que “los resultados de la investigación se hacen del conocimiento público, se dan a conocer (…) tiene un sentido fundamental. Me parece que el conocimiento y las conclusiones a que pueda llegar este pleno (…) tienen una importancia subrayada para los familiares afectados por esta terrible tragedia (…) pero también para la sociedad en su conjunto. Esto, dado que he sostenido y sigo sosteniendo que uno de los objetivos medulares del ejercicio de esta delicada facultad que tenemos es lograr reparar o disminuir, en lo posible, el impacto negativo que se dio en la comunidad con motivo de los hechos (…) conocer la verdad histórica de los hechos a los que arribe este pleno con total transparencia puede coadyuvar de manera importante a lograr ese objetivo”.
No se incluyó la búsqueda de la verdad en los 10 puntos que serán el objeto de la investigación. No es necesario que aparezca de modo expreso en esa lista. Sí será conveniente, cuando el ministro Franco realice el engrose de esta resolución de la Corte –operación que recoge las expresiones de los ministros que contribuyen a formar la decisión mayoritaria–, tenga en cuenta esa suerte de compromiso de al menos tres ministros con la búsqueda de la verdad, la satisfacción del derecho a saber.
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Por lo menos tres ministros invocaron el derecho de los mexicanos a la verdad, durante el debate del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyó con la aprobación de una pesquisa constitucional sobre la matanza de 49 niños en una guardería subrogada del IMSS. El jueves pasado el máximo tribunal no sólo resolvió ejercer la facultad excepcional que le otorga el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, sino que proclamó el derecho a saber como un valor jurídico que el Estado debe satisfacer. La Corte, por lo pronto, se propone conocer la verdad de lo ocurrido en torno al incendio del 5 de junio que produjo aquel oprobioso resultado y hacerla conocer.
Ese tribunal, sin embargo, es remiso a aprovechar ese objetivo esta vez señalado con entusiasmo por algunos de sus miembros. Con su escepticismo seco, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, cuya ponencia fue rechazada por ocho de sus colegas y sólo apoyada por dos, dijo entre los fundamentos de su propuesta de rehusar la indagación que “para bien de los mexicanos, de los 13 expedientes que tenemos registrados” abiertos con la pretensión de aplicar el artículo 97, “seis solicitudes han sido desechadas por falta de legitimación; otras tres han sido declaradas improcedentes, y en una más, relativa a cierta autora, después de haberse practicado la investigación ordenada por el tribunal pleno, se concluyó mayoritariamente que no se encontró prueba idónea para demostrar la grave violación de garantías individuales”.
Dejemos de lado la necesaria exploración psicológica que condujo a Aguirre Anguiano a convertir en innombrable a Lydia Cacho y a aludir a ella sólo como “cierta autora”. No podemos imaginar que lo hizo por rubor, porque la contundente seguridad en sí mismo que ostenta el ministro tapatío impide pensar que es capaz de esa demostración del ánimo, pariente del arrepentimiento o la vergüenza por un error cometido. Lo que importa es su balance sobre el ejercicio de la facultad de investigación de la Corte. No es alentador. Y el recuento de las ocasiones en que ese tribunal se ha negado a indagar hechos cuya verdad podría establecerse mediante ese mecanismo sería aún menos estimulante si agregamos la negativa de los ministros, en su función jurisdiccional, a atraer procesos en que puede establecerse el sentido último y el contorno de hechos sangrientos como la matanza del 10 de junio de 1971 o escándalos de defraudación electoral: desechó la posibilidad de manifestarse ante el debate sobre la revisión de los paquetes de la elección presidencial de 2006, litigio que por esa omisión del supremo tribunal se libra ahora en uno internacional.
Creamos, sin embargo, que de ahora en adelante el compromiso de la Corte con la verdad discurrirá por otras vías. En congruencia con formulaciones previas, el ministro Genaro David Góngora Pimentel, que vive sus últimos meses en ese tribunal –concluye en noviembre el período de 15 años para el que fue designado–, evocó el derecho a la verdad. Antes formuló su hipótesis sobre el acontecimiento del 5 de junio: “Las consecuencias del accidente (…) probablemente se agravaron a partir de la negligencia continuada de diversos actores, que no solamente corresponden a los particulares encargados de la guardería subrogada, sino también son responsables directos autoridades encargadas de vigilar el correcto funcionamiento de este programa de seguridad social en beneficio de las niñas y niños hijos de derechohabientes”. Sostuvo después, al fundar su voto a favor de que la Corte investigara el caso y su entorno institucional, que, al hacerlo, el tribunal debe favorecer “el cumplimiento del derecho a la verdad, que se proyecta hacia las personas afectadas y hacia la comunidad en su conjunto, que debe tener ese derecho de saber qué pasó, el derecho a la verdad”.
Ese derecho a saber había sido invocado por el ministro Juan Silva Meza en enero de 2006, cuando quedó en la minoría de quienes buscaron que el pleno atrajera una pesquisa sobre el crimen de Tlatelolco. Ahora lo equiparó al derecho a la información, a la “búsqueda de la verdad, de la verdad que quiere saber y conocer la sociedad respecto de actuaciones que han producido consecuencias tales como: violaciones graves, graves violaciones de derechos fundamentales…”. Y después insistió: “A través de esta investigación –y por eso estoy convencido que debe hacerse– es necesario exponer a la sociedad civil, en el caso concreto todas las personas que estuvieron en torno de estos lamentabilísimos hechos, la verdad, la verdad de estos hechos; si fueron propiciados directa o indirectamente por acción u omisión”.
De los ocho ministros que aprobaron realizar la investigación, el ministro Fernando Franco González Salas fue el tercero en sostener que entre los logros que debe perseguir la indagación cuente satisfacer el derecho a la verdad:
El hecho de que “los resultados de la investigación se hacen del conocimiento público, se dan a conocer (…) tiene un sentido fundamental. Me parece que el conocimiento y las conclusiones a que pueda llegar este pleno (…) tienen una importancia subrayada para los familiares afectados por esta terrible tragedia (…) pero también para la sociedad en su conjunto. Esto, dado que he sostenido y sigo sosteniendo que uno de los objetivos medulares del ejercicio de esta delicada facultad que tenemos es lograr reparar o disminuir, en lo posible, el impacto negativo que se dio en la comunidad con motivo de los hechos (…) conocer la verdad histórica de los hechos a los que arribe este pleno con total transparencia puede coadyuvar de manera importante a lograr ese objetivo”.
No se incluyó la búsqueda de la verdad en los 10 puntos que serán el objeto de la investigación. No es necesario que aparezca de modo expreso en esa lista. Sí será conveniente, cuando el ministro Franco realice el engrose de esta resolución de la Corte –operación que recoge las expresiones de los ministros que contribuyen a formar la decisión mayoritaria–, tenga en cuenta esa suerte de compromiso de al menos tres ministros con la búsqueda de la verdad, la satisfacción del derecho a saber.
Sobre la decisión de la SCJN
Alejandro Madrazo Lajous
El ABC de la tragedia
07 de agosto de 2009
La Suprema Corte decidió ayer ejercer la facultad de investigar violaciones graves a los derechos fundamentales en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, en el que murieron casi medio centenar de hijas e hijos. La decisión es trágica en el sentido de las tragedias griegas: era inevitable y todo indica que su destino es terminar mal. Me explico.
El ejercicio de la facultad de investigación era inevitable por dos razones, una remota y otra inmediata. La razón remota es el total descrédito de nuestras autoridades para actuar eficaz e imparcialmente; descrédito particularmente agudo en el caso quienes están encargados de la procuración de justicia. La sociedad —y en particular los deudos— percibió dilación, desidia, encubrimiento e impunidad. Una sociedad impaciente, hastiada, inmediatamente buscó en la Corte una esperanza.
La presión política para que la Corte entrara al caso era grande, pero no irresistible. La estocada final que orilló a la Corte la dio el ministro Aguirre Anguiano: los argumentos que ofreció consolidaron a la mayoría en su contra. Al menos tres afirmaciones hacían inaceptable la adopción del dictamen: a) que un criterio rector para el ejercicio de la facultad investigadora es que no debe ejercerse cuando las autoridades actúan en abuso de su autoridad legal, sino sólo cuando actúan fuera de su autoridad legal (¡¿?!); b) que la tragedia no se debió a la actuación de las autoridades sino de privados (siendo del IMSS la responsabilidad de prestar el servicio y garantizar su seguridad); y, lo más indignante para el público, c) que las autoridades competentes ya estaban actuando diligentemente. El ministro no quería investigar el caso, pero sí quería avalar a priori el actuar de las autoridades.
Decisión trágica: la Corte, hasta la fecha, no ha podido ejercer ésta facultad sin desacreditarse ante la opinión pública. Además, el ejercicio de la facultad desvirtúa su papel como tribunal constitucional. Con Lydia Cacho, la Corte dilapidó el enorme capital político que con justicia había ganado en el caso de la ley Televisa; con Atenco, nadie entendió el “sí, pero no”. Esto me lleva al problema de fondo: la Corte no sabe cómo y tampoco debe procurar justicia (investigar, acusar); sabe y debe impartirla (valorar las pruebas ofrecidas, interpretar el derecho).
Como tribunal constitucional tiene la última palabra en la interpretación de nuestro derecho; del significado y contenido de nuestra comunidad política. Eso la hace poderosísima. Pero es un órgano sin legitimidad democrática propia que ejerce una función fundamentalmente contramayoritaria. Por ello, es indispensable que esté tan acotada como sea posible; que sea el poder “menos peligroso”: un poder reactivo —que sólo responde cuando alguien le pregunta— y acotado —que se ciñe a la Constitución y a su propio actuar previo—. La facultad investigadora es todo lo contrario: es oficiosa. En este caso fue ella misma (en voz de uno de sus integrantes) quien pidió ejercer la facultad; y es arbitraria, pues no hay reglas establecidas para ejercerla. Se trata de una facultad peligrosísima para el equilibrio de poderes.
La Corte decidió exponerse ante la opinión pública una vez más. Lo hizo porque el reclamo popular ante la impunidad y la impotencia de las víctimas es tan grande que no puede ignorarse. En abstracto, creo que la Corte no debiera tener la facultad que ayer ejerció; en concreto, siendo nuestro sistema de justicia constitucional tan restringido —hay que ser gobernante o suficientemente adinerado para acceder a la justicia en este país—, no me atrevo proponer la eliminación de un cauce para acceder a la Suprema Corte, así sea con peticiones tomadas a voluntad por los ministros.
Ojalá que la Corte use su peligrosa facultad para entrarle al fondo del asunto: no se trata de qué inspector recibió una mordida; se trata de entrarle a exhibir el sistema que permite el secuestro de los servicios públicos por parte del negocio privado; la ineptitud y la corrupción en la procuración de justicia, que eliminan la posibilidad de conocer la verdad; la ausencia en la legislación procesal de juicios colectivos con los que los consumidores (como lo eran los padres de los niños fallecidos) actúen eficiente y eficazmente para defender sus intereses.
Sólo entrando a todo el entramado que permitió la tragedia del ABC, puede la Corte salir bien librada de esta nueva aventura. De otra forma, la advertencia del derrotado y unificador ministro Aguirre se actualizará: habremos presenciado el parto de los montes.
Abogado
El ABC de la tragedia
07 de agosto de 2009
La Suprema Corte decidió ayer ejercer la facultad de investigar violaciones graves a los derechos fundamentales en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, en el que murieron casi medio centenar de hijas e hijos. La decisión es trágica en el sentido de las tragedias griegas: era inevitable y todo indica que su destino es terminar mal. Me explico.
El ejercicio de la facultad de investigación era inevitable por dos razones, una remota y otra inmediata. La razón remota es el total descrédito de nuestras autoridades para actuar eficaz e imparcialmente; descrédito particularmente agudo en el caso quienes están encargados de la procuración de justicia. La sociedad —y en particular los deudos— percibió dilación, desidia, encubrimiento e impunidad. Una sociedad impaciente, hastiada, inmediatamente buscó en la Corte una esperanza.
La presión política para que la Corte entrara al caso era grande, pero no irresistible. La estocada final que orilló a la Corte la dio el ministro Aguirre Anguiano: los argumentos que ofreció consolidaron a la mayoría en su contra. Al menos tres afirmaciones hacían inaceptable la adopción del dictamen: a) que un criterio rector para el ejercicio de la facultad investigadora es que no debe ejercerse cuando las autoridades actúan en abuso de su autoridad legal, sino sólo cuando actúan fuera de su autoridad legal (¡¿?!); b) que la tragedia no se debió a la actuación de las autoridades sino de privados (siendo del IMSS la responsabilidad de prestar el servicio y garantizar su seguridad); y, lo más indignante para el público, c) que las autoridades competentes ya estaban actuando diligentemente. El ministro no quería investigar el caso, pero sí quería avalar a priori el actuar de las autoridades.
Decisión trágica: la Corte, hasta la fecha, no ha podido ejercer ésta facultad sin desacreditarse ante la opinión pública. Además, el ejercicio de la facultad desvirtúa su papel como tribunal constitucional. Con Lydia Cacho, la Corte dilapidó el enorme capital político que con justicia había ganado en el caso de la ley Televisa; con Atenco, nadie entendió el “sí, pero no”. Esto me lleva al problema de fondo: la Corte no sabe cómo y tampoco debe procurar justicia (investigar, acusar); sabe y debe impartirla (valorar las pruebas ofrecidas, interpretar el derecho).
Como tribunal constitucional tiene la última palabra en la interpretación de nuestro derecho; del significado y contenido de nuestra comunidad política. Eso la hace poderosísima. Pero es un órgano sin legitimidad democrática propia que ejerce una función fundamentalmente contramayoritaria. Por ello, es indispensable que esté tan acotada como sea posible; que sea el poder “menos peligroso”: un poder reactivo —que sólo responde cuando alguien le pregunta— y acotado —que se ciñe a la Constitución y a su propio actuar previo—. La facultad investigadora es todo lo contrario: es oficiosa. En este caso fue ella misma (en voz de uno de sus integrantes) quien pidió ejercer la facultad; y es arbitraria, pues no hay reglas establecidas para ejercerla. Se trata de una facultad peligrosísima para el equilibrio de poderes.
La Corte decidió exponerse ante la opinión pública una vez más. Lo hizo porque el reclamo popular ante la impunidad y la impotencia de las víctimas es tan grande que no puede ignorarse. En abstracto, creo que la Corte no debiera tener la facultad que ayer ejerció; en concreto, siendo nuestro sistema de justicia constitucional tan restringido —hay que ser gobernante o suficientemente adinerado para acceder a la justicia en este país—, no me atrevo proponer la eliminación de un cauce para acceder a la Suprema Corte, así sea con peticiones tomadas a voluntad por los ministros.
Ojalá que la Corte use su peligrosa facultad para entrarle al fondo del asunto: no se trata de qué inspector recibió una mordida; se trata de entrarle a exhibir el sistema que permite el secuestro de los servicios públicos por parte del negocio privado; la ineptitud y la corrupción en la procuración de justicia, que eliminan la posibilidad de conocer la verdad; la ausencia en la legislación procesal de juicios colectivos con los que los consumidores (como lo eran los padres de los niños fallecidos) actúen eficiente y eficazmente para defender sus intereses.
Sólo entrando a todo el entramado que permitió la tragedia del ABC, puede la Corte salir bien librada de esta nueva aventura. De otra forma, la advertencia del derrotado y unificador ministro Aguirre se actualizará: habremos presenciado el parto de los montes.
Abogado
LA IMPUNIDAD ES LA CULPABLE
Rosario Robles
2009-08-08•Política
Mucho se ha debatido en los últimos días sobre la intervención de la Suprema Corte en asuntos como el de la guardería ABC de Sonora, subrogada por el Seguro Social. En esencia, dicha instancia tiene sobre todo en sus manos la facultad de ser el máximo tribunal de interpretación constitucional. Pero también tiene la posibilidad (lo que en los últimos años ha desatado polémicas) de atraer la investigación de casos en los que se hayan violado flagrantemente las garantías individuales producto de un acto de autoridad. Con todas y sus limitaciones, el artículo 97 de la constitución ha permitido que la Corte intervenga en expedientes tan espinosos como la masacre de Aguas Blancas, la matanza de Acteal (que será tratada en sus próximas sesiones), la violación de los derechos de la periodista Lydia Cacho, para citar algunos muy relevantes. Pero más allá de las bases jurídicas, lo cierto es que ha tenido que asumir dicha responsabilidad por la incapacidad y corrupción de los órganos encargados de impartir justicia a todos los niveles. La impunidad ha sido el caldo de cultivo para que ciudadanos que sienten que no ha habido justicia cuando se violan derechos fundamentales recurran a los ministros. Tal es el caso de los padres y madres de los bebés que murieron trágicamente en la guardería sonorense. El tema está en la Corte porque en lugar de procurar justicia para esas familias se antepusieron intereses políticos y la necesidad de lavarse las manos antes que asumir responsabilidades. Los ministros tienen que asumir esta papa caliente porque, a estas alturas, son la única institución con capacidad de realizar una investigación neutral, creíble, con autonomía de los poderes locales y federales involucrados en esta tragedia. Es cierto que no podrán fincar responsabilidades. Pero su intervención ejercerá sin duda alguna presión sobre las autoridades encargadas de administrar y aplicar la justicia. Pero lo más importante, además de que la exigencia de los padres tuvo eco, es que esta investigación alcanza un aspecto fundamental. La comisión creada por los ministros analizará la constitucionalidad del procedimiento de subrogación de las guarderías. Es decir, en el fondo tendrá en sus manos la posibilidad de recomendar reformas que modifiquen esta ola de privatizaciones disfrazadas que han llevado a que el Estado renuncie a sus obligaciones sociales. Por eso también (y principalmente) el Estado debe estar en el banquillo de los acusados. Porque hace muchos años, con este afán de adelgazarlo, se pavimentó el camino para que abdicara de su responsabilidad fundamental: la de garantizar el acceso de todos los mexicanos al progreso y bienestar.
Hace tiempo que se nos ha querido vender la idea de que el país se mide por el número de policías y militares en la calle, por el calibre de sus armas, por lo moderno de los instrumentos que utilizan. Bajo el argumento de que es por nuestra seguridad, pasivamente hemos aceptado que se trastoquen valores y paradigmas. La cara del país no debiera ser la de un policía o un soldado. No porque se menosprecie su esfuerzo y la tarea titánica que muchos de ellos hoy realizan. No. Pero eso no es lo fundamental y de nada sirve si la otra faceta es la de niños que mueren por omisiones que a la postre resultan criminales. Es necesario entonces replantear las prioridades. Es necesario acabar con la impunidad y la injusticia. Y también lo es generar las condiciones para que los hijos de millones de mujeres que trabajan estén bien protegidos y tengan acceso a servicios educativos y de salud de calidad, porque ése es su derecho. Si se dedicaran más recursos para ello, el rostro del país sería diferente. Porque a la larga esta inversión social permitiría que esos niños sean los ciudadanos del futuro, los hombres y mujeres encargados de recuperar las calles que hace tiempo dejaron de ser nuestras.
Ser o… neceser
La marca Nike ha iniciado una sugestiva campaña en la que se señala, entre otras cosas, que “huevos… es soportar un país sin que las piernas tiemblen”. Muchas pensamos que eso, más bien, es de ovarios.
rrobles@mileniodiario.com.mx
2009-08-08•Política
Mucho se ha debatido en los últimos días sobre la intervención de la Suprema Corte en asuntos como el de la guardería ABC de Sonora, subrogada por el Seguro Social. En esencia, dicha instancia tiene sobre todo en sus manos la facultad de ser el máximo tribunal de interpretación constitucional. Pero también tiene la posibilidad (lo que en los últimos años ha desatado polémicas) de atraer la investigación de casos en los que se hayan violado flagrantemente las garantías individuales producto de un acto de autoridad. Con todas y sus limitaciones, el artículo 97 de la constitución ha permitido que la Corte intervenga en expedientes tan espinosos como la masacre de Aguas Blancas, la matanza de Acteal (que será tratada en sus próximas sesiones), la violación de los derechos de la periodista Lydia Cacho, para citar algunos muy relevantes. Pero más allá de las bases jurídicas, lo cierto es que ha tenido que asumir dicha responsabilidad por la incapacidad y corrupción de los órganos encargados de impartir justicia a todos los niveles. La impunidad ha sido el caldo de cultivo para que ciudadanos que sienten que no ha habido justicia cuando se violan derechos fundamentales recurran a los ministros. Tal es el caso de los padres y madres de los bebés que murieron trágicamente en la guardería sonorense. El tema está en la Corte porque en lugar de procurar justicia para esas familias se antepusieron intereses políticos y la necesidad de lavarse las manos antes que asumir responsabilidades. Los ministros tienen que asumir esta papa caliente porque, a estas alturas, son la única institución con capacidad de realizar una investigación neutral, creíble, con autonomía de los poderes locales y federales involucrados en esta tragedia. Es cierto que no podrán fincar responsabilidades. Pero su intervención ejercerá sin duda alguna presión sobre las autoridades encargadas de administrar y aplicar la justicia. Pero lo más importante, además de que la exigencia de los padres tuvo eco, es que esta investigación alcanza un aspecto fundamental. La comisión creada por los ministros analizará la constitucionalidad del procedimiento de subrogación de las guarderías. Es decir, en el fondo tendrá en sus manos la posibilidad de recomendar reformas que modifiquen esta ola de privatizaciones disfrazadas que han llevado a que el Estado renuncie a sus obligaciones sociales. Por eso también (y principalmente) el Estado debe estar en el banquillo de los acusados. Porque hace muchos años, con este afán de adelgazarlo, se pavimentó el camino para que abdicara de su responsabilidad fundamental: la de garantizar el acceso de todos los mexicanos al progreso y bienestar.
Hace tiempo que se nos ha querido vender la idea de que el país se mide por el número de policías y militares en la calle, por el calibre de sus armas, por lo moderno de los instrumentos que utilizan. Bajo el argumento de que es por nuestra seguridad, pasivamente hemos aceptado que se trastoquen valores y paradigmas. La cara del país no debiera ser la de un policía o un soldado. No porque se menosprecie su esfuerzo y la tarea titánica que muchos de ellos hoy realizan. No. Pero eso no es lo fundamental y de nada sirve si la otra faceta es la de niños que mueren por omisiones que a la postre resultan criminales. Es necesario entonces replantear las prioridades. Es necesario acabar con la impunidad y la injusticia. Y también lo es generar las condiciones para que los hijos de millones de mujeres que trabajan estén bien protegidos y tengan acceso a servicios educativos y de salud de calidad, porque ése es su derecho. Si se dedicaran más recursos para ello, el rostro del país sería diferente. Porque a la larga esta inversión social permitiría que esos niños sean los ciudadanos del futuro, los hombres y mujeres encargados de recuperar las calles que hace tiempo dejaron de ser nuestras.
Ser o… neceser
La marca Nike ha iniciado una sugestiva campaña en la que se señala, entre otras cosas, que “huevos… es soportar un país sin que las piernas tiemblen”. Muchas pensamos que eso, más bien, es de ovarios.
rrobles@mileniodiario.com.mx
Cartas de apoyo
Mtra. Catalina Soto...este mensajito es tan sòlo para felicitarla y mandarle un gran abrazo por su apoyo, por su gran disposiciòn, por su compromiso ciudadano, por guiar a estos padres que sufren de inimaginables maneras.., Su claridad, prudencia y a la vez firmeza en guiar este movimiento ciudadano, sin duda conduciran a estos Padres de Familia y familiares a que se logre un estado de justicia tan necesario para lograr por lo menos algo de tranquilidad para sus las almas dolientes ....
Mi familia y Yo hemos participado en la mayorìa de las marchas que se han organizado en solidaridad con las familias, familiares, amigos y ciudadanos indignados por este tremendo suceso que nos marco a todos.. De nuestra Colonia, de manera anònima, pero con gran compromiso , nuestros hijos participaron activamente dando apoyo a padres y familiares en los momentos crìticos principalmente en el momentos de las esperas hospitalarias y transporte...ahora continùan hacièndolo en las marchas...
Le comento lo anterior, con el fin de darle de alguna manera aliento y empuje para que continùe firme en su posiciòn...mi familia , mis hermanos, papàs, vecinos, estaremos con Ustedes haciendo presencia y conciencia en cada momento que se requiera ...lo merecen nuestros niños...
Dios la Bendiga...
Fam. Rodrìguez Amavizca...
Estimada Fam. Rodríguez:
Aprecio enormemente las palabras y bendiciones que su familia me hace llegar por su conducto, por lo mismo, permítame por favor hacerlas extensivas a quienes integran el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. Me interesa mucho hacer saber que, si bien por mis funciones pudiera ser la persona más visible, la lucha durante estos ya más de dos meses ha sido posible gracias a que se ha ido integrando y organizando un gran equipo de trabajo en conjunto con madres y padres de familias afectadas.
Aunque invariablemente se ha valorado la respuesta de solidaridad de los ciudadanos, en la reunión del pasado jueves, coincidimos en el interés de hacer patente este reconocimiento, por lo que aprovechamos su mensaje para devolver ese gran abrazo, reiterar el amplio agradecimiento y reconocimiento tanto a usted, sus familiares y amigos, como a los vecinos de su colonia por el apoyo brindado a las víctimas de la Guardería ABC en las etapas más difíciles y por su disposición a continuar acompañándonlos.
Seguimos en contacto, por lo pronto y todo nuestro afecto a su familia Rodrìguez Amavizca...
Catalina.
Mi familia y Yo hemos participado en la mayorìa de las marchas que se han organizado en solidaridad con las familias, familiares, amigos y ciudadanos indignados por este tremendo suceso que nos marco a todos.. De nuestra Colonia, de manera anònima, pero con gran compromiso , nuestros hijos participaron activamente dando apoyo a padres y familiares en los momentos crìticos principalmente en el momentos de las esperas hospitalarias y transporte...ahora continùan hacièndolo en las marchas...
Le comento lo anterior, con el fin de darle de alguna manera aliento y empuje para que continùe firme en su posiciòn...mi familia , mis hermanos, papàs, vecinos, estaremos con Ustedes haciendo presencia y conciencia en cada momento que se requiera ...lo merecen nuestros niños...
Dios la Bendiga...
Fam. Rodrìguez Amavizca...
Estimada Fam. Rodríguez:
Aprecio enormemente las palabras y bendiciones que su familia me hace llegar por su conducto, por lo mismo, permítame por favor hacerlas extensivas a quienes integran el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. Me interesa mucho hacer saber que, si bien por mis funciones pudiera ser la persona más visible, la lucha durante estos ya más de dos meses ha sido posible gracias a que se ha ido integrando y organizando un gran equipo de trabajo en conjunto con madres y padres de familias afectadas.
Aunque invariablemente se ha valorado la respuesta de solidaridad de los ciudadanos, en la reunión del pasado jueves, coincidimos en el interés de hacer patente este reconocimiento, por lo que aprovechamos su mensaje para devolver ese gran abrazo, reiterar el amplio agradecimiento y reconocimiento tanto a usted, sus familiares y amigos, como a los vecinos de su colonia por el apoyo brindado a las víctimas de la Guardería ABC en las etapas más difíciles y por su disposición a continuar acompañándonlos.
Seguimos en contacto, por lo pronto y todo nuestro afecto a su familia Rodrìguez Amavizca...
Catalina.
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