8/24/09

Defensa Imposible

Arzobispo emérito, políticos y empresarios defienden a dueños de la guardería ABC, La Jornada, Lunes 24 de agosto de 2009



Ulises Gutiérrez y Javier Salinas, Corresponsales.



El arzobispo emérito de Hermosillo, Sonora, Carlos Quintero Arce; diputados locales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) y empresarios salieron en defensa de los dueños de la guardería ABC y enviaron cartas al juzgado primero de distrito para resaltar la “solvencia moral, finura y probados valores éticos y morales” de los señalados como responsables de la muerte de 49 menores.

Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, padre de una de las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 5 de junio, que dejó un saldo de 49 niños muertos y más de 100 con lesiones en diferentes grados, denunció que “todavía hay gente que los respalda (a los dueños de la guardería) y emiten cartas de recomendación que pueden tener peso legal para disminuir su condena. Tenemos los nombres de las personas que han divulgado esas 34 cartas”, dijo.



Rodríguez Amaya señaló que las cartas entregadas por particulares, empresas y asociaciones en Sonora son a favor de Sandra Lucía Téllez Nieves y Gildardo Francisco Urquídez Serrano, a quienes se identifica como dos de los cinco dueños de la estancia infantil siniestrada.

“Excelentes seres humanos”

“Los recomiendan como personas de alta solvencia moral, comportamiento intachable, honorables, responsables de sus obligaciones, amables, finas, honestas, excelentes seres humanos, nobles, altruistas, íntegros y con fuertes valores, y pues entonces todos nosotros nos preguntamos al ver esto: ¿por qué se esconden los dueños de la guardería si son tan íntegros? ¿Por qué despidieron a sus trabajadoras sin pagar lo justo, y por qué no han dado la cara a los padres de familia que demandamos justicia?”, añadió el padre de Xiuneth, quien pereció en la guardería.



Entre las personas que se encuentran en la lista de los 34 remitentes de las misivas al juzgado primero de distrito figuran el arzobispo emérito Quintero Arce, el diputado local panista Edmundo García Pavlovich, la legisladora estatal priísta Claudia Pavlovich Arellano y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Hermosillo, Alfonso Cota Hernández.

También enviaron cartas de recomendación el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Sonora, Juan Carlos Solís López; el presidente de la Unión Ganadera de Sonora, José Luis Molina Elías; el presidente del patronato de la Cruz Roja Mexicana en Hermosillo, Héctor Martín Nicolás Monroy, y el gerente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Sonora, Óscar Cuéllar Rosas.



“La calidad moral de uno solo de nuestros niños es muy superior a la de todas estas personas, que están totalmente corrompidas”, dijo Manuel Alfredo Rodríguez, a quien el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, llamó el sábado “inmoral”, como le dijo al resto de los padres de los niños muertos, quienes le reclamaron por defender a los dueños de la guardería.

Otro padre de una víctima, Abraham Fraijo Navarro, dijo estar de acuerdo con que cualquier criminal puede obtener el perdón de Dios, pero el arzobispo emérito no tiene el derecho ético de buscar influir en un proceso legal.

En tanto, el ayuntamiento de Nezahualcóyotl, estado de México, informó este domingo que cerrará cuatro centros de desarrollo infantil, una estancia infantil y dos centros de desarrollo comunitario dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) local, que operan “en pésimas condiciones”, lo que implica riesgo a sus usuarios. Se informó también que unos 500 menores serán reubicados en otros planteles.





Fuente:

http://www.jornada.unam.mx/2009/08/24/index.php?

8/21/09

CUENTA DE BANCO LOCAL PADRES DE FAMILIA ABC

Anunciamos la apertura de una cuenta de débito de padres y madres de niños fallecidos en el incendio de la guardería ABC, para la que se solicitan apoyos económicos que servirán en el financiamiento del proceso legal y jurídico que se sigue para lograr justicia ejemplar, aqui los datos:

BANCOMER 2691976826 a nombre de las madres de familia: Patricia Duarte Franco, María Estela Báez Gill, y Martha Guadalupe García.

Muchas Gracias por su apoyo.

8/17/09

Se manifiestan frente a Palacio

Piden los integrantes del Movimiento 5 de Junio se concrete cuanto antes el reglamento de protección civil.


Francisco Angulo Albestrain / 2009-08-16



Un grupo reducido de manifestantes se plantaron ayer por la tarde-noche, frente a Palacio Municipal en solidaridad con la muerte de los 49 infantes de la Guardería ABC de Hermosillo, y en reclamo por la falta de un reglamento de protección civil para Cajeme.

Alrededor de las 7:00 de la tarde dio inicio la reunión del denominado Movimiento 5 de Junio, cuyos integrantes se apostaron por espacio de 40 minutos en la banqueta frente a Palacio Municipal de Cajeme.

Rosendo Arrayales Terán, uno de los organizadores, manifestó que una vez más se solidarizaron con las familias de los menores fallecidos en Hermosillo el pasado 5 de junio, y están pidiendo justicia a la vez que exigen se dé cumplimiento a la exigencia de una reglamentación en materia de protección civil para el Municipio.

Desde 2005 –dijo—se concretó a nivel Estado la ley de la materia, pero en los municipios no se ha reglamentado, por lo tanto no se puede aplicar, pero se espera que a raíz de una reunión sostenida con el alcalde Francisco Villanueva y regidores actuales, se pueda hacer antes de que culmine la presente administración.

Podría ser esta semana entrante que se lleve a cabo la sesión de Cabildo en la que se marque la pauta para ello, toda vez que Villanueva Salazar les prometió que va a promover que antes de ser aprobado dicho reglamento, el borrador será mostrado a expertos así como a integrantes del “Movimiento 5 de Junio”, para ser revisado y de ser necesario, adicionado, expuso.

Informó, asimismo, que la próxima manifestación será frente a Palacio, el próximo sábado 29 de agosto, a la misma hora (6:00 de la tarde), por lo que invitó a los cajemenses a estar presentes.

Por su parte, Jesús Noriega comentó que el pasado miércoles se cumplieron 12 años del fatídico incendio de plaza Tutuli, y es urgente se haga y apruebe el reglamento de protección civil, porque “una ley sin reglamento es como un arma sin balas”.

Descuidos, irregularidades y ningún resultado serio en caso ABC

Por Silvia Núñez Esquer / Mujer Sonora

Dia de publicación: 2009-08-15

Hermosillo, Son., 5 agosto 09.- A dos meses de la tragedia que enlutó al mundo por el impacto de casi cincuenta vidas perdidas en Hermosillo, una estela de irregularidades en la investigación y el proceso judicial, es lo que ha traído consigo el incendio en la guardería ABC.

Funcionarios faltos de seriedad como Daniel Karam, director del IMSS, autoridades que van de pifia en pifia como el gobernador del estado Eduardo Bours, personas intocables como las y los dueños de la guardería ABC, quienes han evadido la acción de la justicia desde el principio, son algunos de los ejemplos.

Un movimiento ciudadano creciente es la ganancia indirecta pues ha surgido como la conciencia de autoridades que se empeñan en banalizar el suceso, impidiéndoselos las más de cincuenta mil personas que se han movilizado en 9 marchas realizadas tanto en Hermosillo, como en Ciudad Obregón, Nogales, Guaymas, Tijuana y en Distrito Federal.

No ha sido fácil enterrar las evidencias, pues madres y padres de familia han dado un vuelco a su vida a partir del 5 de junio, tornándose en líderes sociales que exigen sus derechos y justicia para sus hijas e hijos.

Jurídicamente no hay avances, pues no hay personas detenidas, salvo una supervisora del seguro social, cuyas funciones tienen que ver con los menús de la comida, la limpieza del inmueble y las actividades educativas.

A estas alturas debería haber más personas en prisión, opina el licenciado Ernesto Moreno Bojórquez, abogado de un grupo de madres y padres afectados por el incendio del 5 de junio. La tardanza en poner a la gente sujeta a proceso se debe a descuidos, tal vez hechos a propósito, de ambas procuradurías, la estatal y la general de la república, acusa.

La procuraduría del estado de Sonora, tiene la facultad en base al artículo 134-bis del código procesal penal de Sonora de decretar un arraigo domiciliario a todos los implicados en el siniestro. Se refiere a dueños de la guardería, a funcionarios de protección civil, tanto estatal como municipal, incluyendo a los jefes de bomberos.

En repetidas ocasiones, el gobernador del Estado excusó a la procuraduría por no arraigar a los socios de la ABC, diciendo que no tenían facultades para hacerlo, sin embargo, Moreno Bojórquez asegura que es una interpretación errónea de la propia ley, pues ésta no hace distinción entre delitos graves o no graves, para que haya o no arraigo como lo aseguraba el gobernador.

El hecho de que estas personas se encuentren prófugas, tiene suspendido el proceso penal, tanto en el fuero federal como en su momento lo tenía en el fuero estatal. El haber transferido el caso al ámbito federal, es conveniente en el sentido de que el gobernador es el jefe inmediato del procurador, quien a su vez es el jefe inmediato del ministerio público, quien a su vez representa a las y los ofendidos, es decir representa a las y los padres afectados.

Así que si el gobernador tenía el caso en sus manos, era juez y parte. Al pasar a la PGR la ganancia es que Bours saque las manos del proceso penal. Sin embargo, igual se deduce que pasa a las manos de Felipe Calderón.

No obstante, la ganancia es que en el ámbito federal no tengan una protección amplia, o bien que no la tengan, los dueños de ABC, funcionarios del IMSS, funcionarios del gobierno estatal y municipal.

La PGR consignó a nueve personas entre ellas los socios, aunque se desconoce los motivos precisos. No se sabe el argumento jurídico ni la explicación que el procurador dio al juez y al ministerio público federal para que el juez los considere culpables, precisa.

Esto es importante porque puede pasar que el argumento vaya débil, y con ello la defensa de la contraparte pueda destruirlo y alcanzar la libertad con inmediatez. Esto no se puede saber hasta que sean aprehendidos.

María Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquidez Serrano, socios y dueños de la guardería ABC, presentaron su declaración por escrito con relación con los cargos de homicidio y lesiones culposas el pasado 31 de julio.

Ninguno de ellos fue detenido porque cuentan con una suspensión provisional de la orden de aprehensión que les otorgó el juez segundo de distrito de Sonora, informó la PGR.

En opinión del licenciado Ernesto Bojórquez las órdenes de aprehensión no se habían podido cumplimentar pues éstos se encontraban fuera del país, según se infiere de las declaraciones de la PGR, al emitir ficha roja a través de la Interpol.

En caso de ser detenidos, el sólo hecho de fugarse les impide que alcancen fianza, pues pierden ese beneficio al sustraerse de la acción de la justicia. Con su evasión mandan el mensaje al juez de que no tienen intención de colaborar, explica el abogado.

Moreno Bojórquez solicitó formalmente al delegado de la PGR en Sonora, a nombre de sus representados que no se les permita el beneficio de la fianza, pues es esa dependencia a través del ministerio público quien puede promoverlo.

Por otra parte, le pidieron al delegado que haga suyo el planteamiento de que en base al artículo 149 del código federal de procedimientos penales y el 20 constitucional, que se embarguen bienes de todos los presuntos responsables.

Esto significa que las propiedades de las y los socios, incluyendo la sociedad civil guardería ABC, los altos funcionarios del IMSS y otros implicados, propiedades de bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias y flujo de efectivo, que se le pida al juez que proceda a embargarlos, para garantizar de manera real y efectiva la reparación del daño material y moral de todas las víctimas.

El asesor de cuatro madres de niños fallecidos y otros cuatro afectados en su salud por el incendio, afirmó que tienen información de que a las cuarenta empleadas de la guardería ABC se les sigue pagando su salario cada quincena, siendo que la fuente de trabajo está devastada, destruida, se extinguió a consecuencia del siniestro, por lo que no hay fuente de trabajo.

Si no hay fuente de trabajo, la relación obrero patronal se termina. Lo procedente es que el patrón indemnice a las trabajadoras. Desde el 5 de junio se les sigue pagando el salario, se les cita en diversas partes de la ciudad para recibir su salario, el cual procede del dinero de las otras cuatro guarderías subrogadas por el IMSS a los mismos socios.

En promedio estas guarderías reciben 500 mil pesos al mes, por lo que continúan recibiendo un promedio de dos millones de pesos al mes. Considera que esto es suficiente para que los dueños sigan huyendo, pagando hoteles, aviones, escondiéndose, y pagando abogados. ¿No sería prudente y sensato embargar esas cuentas por donde fluye ese efectivo? Se pregunta.

Se debería cortar el suministro de efectivo para obligarlos a regresar, afirma. Es un derecho legítimo de las víctimas, por ello se lo han solicitado a la PGR.

Peritajes dudosos

Otra deficiencia que apunta el licenciado Ernesto Moreno es en relación a la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, quien dictaminó a través de un supuesto peritaje las causas del siniestro que arrebató la vida a las y los 49 niños.

La principal omisión es el ignorar la recurrente mención de explosiones en las declaraciones de empleadas, vecinos y encargados de la bodega donde inició el incendio. Esto queda descartado en la averiguación pues se dictaminó que un sobrecalentamiento en una conexión eléctrica en mal estado, fue el causante.

Las hasta cuatro explosiones mencionadas, no están explicadas en los dictámenes periciales. Si el sobrecalentamiento tuvo lugar en una bodega contigua a la guardería que está aproximadamente a veinte metros de donde estaban los niños concentrados, se hablaría de un incendio que avanzó lentamente, poco a poco, de tal forma que había posibilidad de evacuar a las y los niños, y no se hubiera tenido muertos, o hubiera habido pocos muertos, sólo heridos, o nadie herido.

Sin embargo, se estableció como la causa de la muerte de las y los niños en primer lugar quemaduras, por insuficiencia en el riñón como segunda causa, e intoxicación en tercera. Esto último quedó plasmado en los hospitales en donde se les prestó auxilio y cuando se les quiso suministrar oxígeno, expulsaban humo, tizne, como un carro descompuesto que escupe humo oscuro, narra.

El médico legista es quien determina las causas de la muerte, ¿por qué pone en primer término las quemaduras y deja para después la intoxicación? Cuestiona al asegurar que muchos niños murieron si quemaduras, pero intoxicados.

Las preguntas lógicas, dice, son ¿de dónde vino la intoxicación? ¿Qué respiraron que provocó la intoxicación? Y eso que respiraron, ¿de dónde surgió? Su respuesta retoma la explicación científica de la descomposición de elementos del poliestireno, que recubría el techo de lámina.

A más de cien grados de temperatura, las partículas de hidrógeno y benzeno, en contacto con el oxígeno generan una sustancia altamente explosiva, explica. Asegura que tiene fotografías en donde se advierte que los cristales de las ventilas, están quebrados de adentro hacia afuera, y no de afuera hacia dentro como sería lo lógico producido por la acción de la gente que del exterior quisiera tener acceso para el rescate.

Igualmente se observa el filo del techo de lámina doblado hacia afuera, en un evidente vestigio de explosión, por lo que opina que el peritaje es insuficiente.

Podría dar un giro el proceso

Para contar con información que dé claridad al caso, el abogado se encuentra documentando con la colaboración de una doctora en Química, y un doctor en Física, información sobre el comportamiento de los elementos del poliestireno, con el fin de tener certeza, o la mayor aproximación de que la explosión se produjo en la bodega.

La información que se obtenga la presentará a PGR, por ser la instancia que tiene la indagatoria. Con los resultados, solicitará a nombre de sus representados, que se considere ese planteamiento por parte del ministerio público y a su vez lo haga suyo y lo presente ante el juez, para que a su vez se solicite al juez una inspección de la guardería por parte de peritos calificados.

Se pretende que con base en la opinión de expertos, se pueda determinar en dónde tuvo origen la explosión y por lo tanto el incendio, para saber qué impacto o grado de relevancia tuvo la explosión con la muerte de las niñas y los niños.

Considera que si se da a conocer esto, entonces se daría un giro de 180 grados, a todas las cadenas de responsabilidades que actualmente se están procesando y próximas a juzgar. Podrían entrar en responsabilidades, el propio gobernador actual, el procurador actual, el agente del ministerio público que integró la averiguación, incluso los peritos que dictaminaron, porque ocultaron información y tergiversaron la investigación.

A todos ellos les alcanzaría una responsabilidad incluso penal, por ejercicio indebido de funciones, por uso indebido de atribuciones y moralmente serían reprochables por toda la sociedad por ocultar y mentirle a la sociedad cuando informaron que la causa de todo fue el cooler.

http://dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=61284&relacion=dossierpolitico&mas=13

8/13/09

CONVIVENCIA DEL VIERNES 7 DE AGOSTO





Cuenta Regresiva


Sobre el movimiento 5J se escribió...

OBSERVATORIOS URBANOS

Movimiento 5 de junio. No están solos!


Cristina Martínez Rascón*

Para los que nos dedicamos a las labores de investigación y docencia no es difícil aceptar que el discurso académico está constituido de distintos paradigmas y perspectivas analíticas que contienen elementos teóricos, metodológicos y empíricos; acto seguido, que con estas visiones se plantean alternativas de solución a los problemas de la sociedad, entre otros. El rigor científico es una condición fundamental para que los resultados sean los política-social-económicamente correctos. Todos aluden al componente humano, pero es frecuente que éste se diluya en nombre de la ciencia.

Reflexiono lo anterior a partir de que me he percatado de la exigencia “política” que algunos comentaristas y formadores de opinión le han reclamado al movimiento 5 de junio, desestimando las acciones simbólicas pacíficas que lo han caracterizado hasta ahora y pidiéndole una definición en ese sentido como vía única para conseguir los resultados que demanda. Irónicamente, también existen los que opinan que la supuesta filiación partidista lo está llevando al matadero, inclusive, que ya fueron abandonados por quienes lo utilizaron para fines electorales.

Aunque estoy en desacuerdo, no confrontaré ambos puntos de vista aquí pero sí argumentaré que la rapidez con la que los hechos rebasan la realidad da lugar a escenarios cambiantes y difíciles de aprehender para que actores y espectadores den soluciones que contenten a todos. Mi propuesta es no perder de vista la meta pero también valorar las lecciones que nos enseña el camino.

Quizás no es necesario pero sí recordaré que el movimiento 5 de junio surgió con la tragedia ocurrida ese mismo día del año en curso con el incendio de la guardería ABC en Hermosillo y la muerte de 49 infantes más todos los heridos física y emocionalmente que aún convalecen. El movimiento se constituyó principalmente con padres y madres de estos niños además de familiares y la ciudadanía solidaria que se sumó con el interés de exigir justicia ejemplar a los responsables de esta desgracia. Para este efecto, existe una asesoría legal.

Como muchos saben, la expresión más contundente del grupo ha sido la decena de marchas locales y nacionales donde han participado ciudadanos sin ninguna condición ni distingo de color y raza, todavía más, sin ningún compromiso verbal o escrito que presione a los manifestantes más allá de la voluntad propia.

Todo correcto hasta aquí porque bien ó mal ésta es una de las características centrales de la sociedad civil que la distingue de los reclamos partidistas a partir de su filiación política. Más sin embargo, aquí se permiten todas las expresiones siempre y cuando coincidan con la demanda específica del movimiento.

En este escenario es donde coinciden padres y madres de niños afectados y fallecidos, anímicamente muy mal y peor todavía por el panorama incierto de la justicia en un país como el nuestro.

De allí que quien cuestiona la tibieza ó radicalidad del movimiento, pues que haga lo correspondiente desde su trinchera para equilibrarlo. No ayuda cuestionar con dureza la vía pacífica de este movimiento. Respeto al dolor humano, señores…, respeto a la diferencia y nos amanecemos, como dice el refrán.

Definitivamente, no es la primera vez que una expresión social como ésta causa tantas interrogantes como expectativas. Numerosos casos han sido documentados en todo el mundo y las diversas miradas los han calificado de movimientos políticos, movimientos ciudadanos, movimientos clientelares, etcétera. Lo cierto es que éstos trastocan la tranquilidad y el sosiego de sociedades aletargadas; son contingentes plurales y por lo mismo diversos y porosos sin poder hacer casi nada para impedirlo. La calle y la opinión pública son de todos. El remedio radica en hacer cada quien su parte: los padres de niños afectados, la ciudadanía, los partidos políticos y las autoridades en su ámbito de influencia, conjuntamente, habrán de dar los resultados esperados.

De última hora: se aprobó la formación de la comisión investigadora en la SCJN y este es un logro indiscutible de la presión ejercida por las marchas del movimiento 5 de junio. ¡No están solos!

*Profesora-investigadora del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, cmartin@colson.edu.mx

Publicado en Boletín Electrónico Portales No. 312 de El Colegio de Sonora.

8/11/09

DE RAFAEL CARDONA

OPINION DE EL CRISTALAZO DE RAFAEL CARDONA.

Crónica de hoy.

9 de agosto de 2009.

Un viento de esperanza pasa por la torturada mente de los padres de los niños asesinados en Hermosillo. La Suprema Corte de Justicia, una vez cumplido su periodo vacacional, se ha hecho cargo de investigar los hechos criminales de la guardería ABC.

Independientemente de las conclusiones previsibles del asunto, hay dos elementos importantes a los cuales se ha prestado escasa atención en los días recientes.

Uno guarda relación con el mal funcionamiento institucional y su vinculación con la justicia, y el otro el análisis de fondo sobre la figura de la subrogación, la cual —lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones—, lleva consigo una cesión irresponsable de la función pública para cumplir con los fines naturales de las instituciones de seguridad social.

Este concepto, seguridad social, es inherente a la función pública. Es una potestad estatal, una obligación del gobierno. Subrogarla con pretextos económicos o de capacidad física, es comenzar el desmantelamiento del Estado, asunto en el cual los mexicanos hemos avanzado demasiado de manera muy peligrosa. Y ya la Corte comienza a comprenderlo. Vea usted.

Para asumir la investigación se trazaron “criterios orientadores” para determinar cuándo y en cuáles casos debe ejercerse la facultad indagatoria. En el expediente del asunto ABC, hay cuatro puntos importantes.

1) Que se trate de hechos generalizados, consecuentes a un estado de cosas, acaecidos en una entidad o región determinadas.

2) Que se trate de ACONTECIMIENTOS QUE DEBIENDO SER AFRONTADOS Y RESUELTOS POR LAS AUTORIDADES CONSTITUIDAS NO SE LOGREN CONTROLAR POR LA ACTITUD DE LAS PROPIAS AUTORIDADES (las mayúsculas son mías).

3) Que las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, sean las que produzcan o propicien los actos violentos.

4) Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o incapaces de encausar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien, de garantizar el respeto a las garantías individuales.

5) QUE SE INTENTE LOGRAR LA IMPUNIDAD DE LAS AUTORIDADES A TRAVÉS DE LA CULTURA DEL ENGAÑO, LA MAQUINACIÓN Y EL OCULTAMIENTO QUE PROPICIA LA PROPIA AUTORIDAD.

Como vemos el reconocimiento de la ineptitud (punto 2) y la corrupción (punto 4), son circunstancias suficientes para suponer el resultado de la investigación, el cual —por cierto— ni siquiera es necesario. La Corte no descubrirá; confirmará.

Pero de hecho ya nos ha dicho cuál es el entorno de debilidad institucional: las autoridades responsables de algo, han hecho todo lo contrario. Quienes debían afrontar y resolver (el IMSS y el gobierno de Sonora en sus dos ámbitos, estatal y municipal) no han logrado controlar nada y por el contrario han usado la cultura del engaño para ocultar sus propias debilidades y malas artes.

Y por cuanto hace al asunto de la subrogación, valen aquí las palabras del magistrado José Ramón Cossío Díaz:

“Los requisitos, o mejor dicho los puntos del objeto que propongo son los siguientes:

“Primero. Analizar el marco jurídico federal, estatal y municipal relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería.

“Segundo. Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con patrones que tienen instaladas guarderías en sus establecimientos.

“Tercero. Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados por el IMSS con particulares, no patrones, para la prestación del servicio de guarderías.

“Cuarto. Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación celebrado entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC…”.

Si bien la argumentación del ministro Cossío tiene ocho puntos cuya enumeración resultaría prolija en este espacio, la sustancia de su apunte es muy sencilla: revisar si la subrogación debe seguir como forma de cesión de responsabilidades o no. Esa sería la única utilidad de una discusión de esta naturaleza.

“Analizar el marco federal, estatal y municipal —dice— relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería…”

Dije aquí el siete de junio:

“El incendio de la guardería ABC en Sonora, cuya gravedad sobrepasa cualquier adjetivación, es un hecho cuya posibilidad de repetición nos aguarda cualquiera de estos días a la vuelta de cualquier esquina, y se debe, fundamentalmente a una idea errónea en la cual el gobierno ha persistido hasta la ufanía: la privatización de la seguridad social.

“El servicio de guarderías comenzó a ser entregado (subrogado; o sea sustituido) a los particulares en los dorados momentos del liberalismo social salinista. Los actuales gobernantes no solo lo han asumido como suyo sino lo han convertido hasta en un negocio para particulares cuya gratitud se convierte en votos.

“Detrás de cada guardería privada y ‘supervisada’ (ya vimos con cuanta eficacia) hay un enclave político disfrazado con los programas del gobierno, lo cual no deja de ser una paradoja: para ampliar la cobertura social se los entregan al sector privado cuya finalidad no es de interés colectivo sino de lucro empresarial”.

racarsa@hotmail.com

El derecho a saber

La Corte y el derecho a saber

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Por lo menos tres ministros invocaron el derecho de los mexicanos a la verdad, durante el debate del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyó con la aprobación de una pesquisa constitucional sobre la matanza de 49 niños en una guardería subrogada del IMSS. El jueves pasado el máximo tribunal no sólo resolvió ejercer la facultad excepcional que le otorga el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, sino que proclamó el derecho a saber como un valor jurídico que el Estado debe satisfacer. La Corte, por lo pronto, se propone conocer la verdad de lo ocurrido en torno al incendio del 5 de junio que produjo aquel oprobioso resultado y hacerla conocer.
Ese tribunal, sin embargo, es remiso a aprovechar ese objetivo esta vez señalado con entusiasmo por algunos de sus miembros. Con su escepticismo seco, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, cuya ponencia fue rechazada por ocho de sus colegas y sólo apoyada por dos, dijo entre los fundamentos de su propuesta de rehusar la indagación que “para bien de los mexicanos, de los 13 expedientes que tenemos registrados” abiertos con la pretensión de aplicar el artículo 97, “seis solicitudes han sido desechadas por falta de legitimación; otras tres han sido declaradas improcedentes, y en una más, relativa a cierta autora, después de haberse practicado la investigación ordenada por el tribunal pleno, se concluyó mayoritariamente que no se encontró prueba idónea para demostrar la grave violación de garantías individuales”.
Dejemos de lado la necesaria exploración psicológica que condujo a Aguirre Anguiano a convertir en innombrable a Lydia Cacho y a aludir a ella sólo como “cierta autora”. No podemos imaginar que lo hizo por rubor, porque la contundente seguridad en sí mismo que ostenta el ministro tapatío impide pensar que es capaz de esa demostración del ánimo, pariente del arrepentimiento o la vergüenza por un error cometido. Lo que importa es su balance sobre el ejercicio de la facultad de investigación de la Corte. No es alentador. Y el recuento de las ocasiones en que ese tribunal se ha negado a indagar hechos cuya verdad podría establecerse mediante ese mecanismo sería aún menos estimulante si agregamos la negativa de los ministros, en su función jurisdiccional, a atraer procesos en que puede establecerse el sentido último y el contorno de hechos sangrientos como la matanza del 10 de junio de 1971 o escándalos de defraudación electoral: desechó la posibilidad de manifestarse ante el debate sobre la revisión de los paquetes de la elección presidencial de 2006, litigio que por esa omisión del supremo tribunal se libra ahora en uno internacional.
Creamos, sin embargo, que de ahora en adelante el compromiso de la Corte con la verdad discurrirá por otras vías. En congruencia con formulaciones previas, el ministro Genaro David Góngora Pimentel, que vive sus últimos meses en ese tribunal –concluye en noviembre el período de 15 años para el que fue designado–, evocó el derecho a la verdad. Antes formuló su hipótesis sobre el acontecimiento del 5 de junio: “Las consecuencias del accidente (…) probablemente se agravaron a partir de la negligencia continuada de diversos actores, que no solamente corresponden a los particulares encargados de la guardería subrogada, sino también son responsables directos autoridades encargadas de vigilar el correcto funcionamiento de este programa de seguridad social en beneficio de las niñas y niños hijos de derechohabientes”. Sostuvo después, al fundar su voto a favor de que la Corte investigara el caso y su entorno institucional, que, al hacerlo, el tribunal debe favorecer “el cumplimiento del derecho a la verdad, que se proyecta hacia las personas afectadas y hacia la comunidad en su conjunto, que debe tener ese derecho de saber qué pasó, el derecho a la verdad”.
Ese derecho a saber había sido invocado por el ministro Juan Silva Meza en enero de 2006, cuando quedó en la minoría de quienes buscaron que el pleno atrajera una pesquisa sobre el crimen de Tlatelolco. Ahora lo equiparó al derecho a la información, a la “búsqueda de la verdad, de la verdad que quiere saber y conocer la sociedad respecto de actuaciones que han producido consecuencias tales como: violaciones graves, graves violaciones de derechos fundamentales…”. Y después insistió: “A través de esta investigación –y por eso estoy convencido que debe hacerse– es necesario exponer a la sociedad civil, en el caso concreto todas las personas que estuvieron en torno de estos lamentabilísimos hechos, la verdad, la verdad de estos hechos; si fueron propiciados directa o indirectamente por acción u omisión”.
De los ocho ministros que aprobaron realizar la investigación, el ministro Fernando Franco González Salas fue el tercero en sostener que entre los logros que debe perseguir la indagación cuente satisfacer el derecho a la verdad:
El hecho de que “los resultados de la investigación se hacen del conocimiento público, se dan a conocer (…) tiene un sentido fundamental. Me parece que el conocimiento y las conclusiones a que pueda llegar este pleno (…) tienen una importancia subrayada para los familiares afectados por esta terrible tragedia (…) pero también para la sociedad en su conjunto. Esto, dado que he sostenido y sigo sosteniendo que uno de los objetivos medulares del ejercicio de esta delicada facultad que tenemos es lograr reparar o disminuir, en lo posible, el impacto negativo que se dio en la comunidad con motivo de los hechos (…) conocer la verdad histórica de los hechos a los que arribe este pleno con total transparencia puede coadyuvar de manera importante a lograr ese objetivo”.
No se incluyó la búsqueda de la verdad en los 10 puntos que serán el objeto de la investigación. No es necesario que aparezca de modo expreso en esa lista. Sí será conveniente, cuando el ministro Franco realice el engrose de esta resolución de la Corte –operación que recoge las expresiones de los ministros que contribuyen a formar la decisión mayoritaria–, tenga en cuenta esa suerte de compromiso de al menos tres ministros con la búsqueda de la verdad, la satisfacción del derecho a saber.

Sobre la decisión de la SCJN

Alejandro Madrazo Lajous
El ABC de la tragedia
07 de agosto de 2009

La Suprema Corte decidió ayer ejercer la facultad de investigar violaciones graves a los derechos fundamentales en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, en el que murieron casi medio centenar de hijas e hijos. La decisión es trágica en el sentido de las tragedias griegas: era inevitable y todo indica que su destino es terminar mal. Me explico.
El ejercicio de la facultad de investigación era inevitable por dos razones, una remota y otra inmediata. La razón remota es el total descrédito de nuestras autoridades para actuar eficaz e imparcialmente; descrédito particularmente agudo en el caso quienes están encargados de la procuración de justicia. La sociedad —y en particular los deudos— percibió dilación, desidia, encubrimiento e impunidad. Una sociedad impaciente, hastiada, inmediatamente buscó en la Corte una esperanza.

La presión política para que la Corte entrara al caso era grande, pero no irresistible. La estocada final que orilló a la Corte la dio el ministro Aguirre Anguiano: los argumentos que ofreció consolidaron a la mayoría en su contra. Al menos tres afirmaciones hacían inaceptable la adopción del dictamen: a) que un criterio rector para el ejercicio de la facultad investigadora es que no debe ejercerse cuando las autoridades actúan en abuso de su autoridad legal, sino sólo cuando actúan fuera de su autoridad legal (¡¿?!); b) que la tragedia no se debió a la actuación de las autoridades sino de privados (siendo del IMSS la responsabilidad de prestar el servicio y garantizar su seguridad); y, lo más indignante para el público, c) que las autoridades competentes ya estaban actuando diligentemente. El ministro no quería investigar el caso, pero sí quería avalar a priori el actuar de las autoridades.


Decisión trágica: la Corte, hasta la fecha, no ha podido ejercer ésta facultad sin desacreditarse ante la opinión pública. Además, el ejercicio de la facultad desvirtúa su papel como tribunal constitucional. Con Lydia Cacho, la Corte dilapidó el enorme capital político que con justicia había ganado en el caso de la ley Televisa; con Atenco, nadie entendió el “sí, pero no”. Esto me lleva al problema de fondo: la Corte no sabe cómo y tampoco debe procurar justicia (investigar, acusar); sabe y debe impartirla (valorar las pruebas ofrecidas, interpretar el derecho).

Como tribunal constitucional tiene la última palabra en la interpretación de nuestro derecho; del significado y contenido de nuestra comunidad política. Eso la hace poderosísima. Pero es un órgano sin legitimidad democrática propia que ejerce una función fundamentalmente contramayoritaria. Por ello, es indispensable que esté tan acotada como sea posible; que sea el poder “menos peligroso”: un poder reactivo —que sólo responde cuando alguien le pregunta— y acotado —que se ciñe a la Constitución y a su propio actuar previo—. La facultad investigadora es todo lo contrario: es oficiosa. En este caso fue ella misma (en voz de uno de sus integrantes) quien pidió ejercer la facultad; y es arbitraria, pues no hay reglas establecidas para ejercerla. Se trata de una facultad peligrosísima para el equilibrio de poderes.


La Corte decidió exponerse ante la opinión pública una vez más. Lo hizo porque el reclamo popular ante la impunidad y la impotencia de las víctimas es tan grande que no puede ignorarse. En abstracto, creo que la Corte no debiera tener la facultad que ayer ejerció; en concreto, siendo nuestro sistema de justicia constitucional tan restringido —hay que ser gobernante o suficientemente adinerado para acceder a la justicia en este país—, no me atrevo proponer la eliminación de un cauce para acceder a la Suprema Corte, así sea con peticiones tomadas a voluntad por los ministros.

Ojalá que la Corte use su peligrosa facultad para entrarle al fondo del asunto: no se trata de qué inspector recibió una mordida; se trata de entrarle a exhibir el sistema que permite el secuestro de los servicios públicos por parte del negocio privado; la ineptitud y la corrupción en la procuración de justicia, que eliminan la posibilidad de conocer la verdad; la ausencia en la legislación procesal de juicios colectivos con los que los consumidores (como lo eran los padres de los niños fallecidos) actúen eficiente y eficazmente para defender sus intereses.

Sólo entrando a todo el entramado que permitió la tragedia del ABC, puede la Corte salir bien librada de esta nueva aventura. De otra forma, la advertencia del derrotado y unificador ministro Aguirre se actualizará: habremos presenciado el parto de los montes.


Abogado

LA IMPUNIDAD ES LA CULPABLE

Rosario Robles


2009-08-08•Política

Mucho se ha debatido en los últimos días sobre la intervención de la Suprema Corte en asuntos como el de la guardería ABC de Sonora, subrogada por el Seguro Social. En esencia, dicha instancia tiene sobre todo en sus manos la facultad de ser el máximo tribunal de interpretación constitucional. Pero también tiene la posibilidad (lo que en los últimos años ha desatado polémicas) de atraer la investigación de casos en los que se hayan violado flagrantemente las garantías individuales producto de un acto de autoridad. Con todas y sus limitaciones, el artículo 97 de la constitución ha permitido que la Corte intervenga en expedientes tan espinosos como la masacre de Aguas Blancas, la matanza de Acteal (que será tratada en sus próximas sesiones), la violación de los derechos de la periodista Lydia Cacho, para citar algunos muy relevantes. Pero más allá de las bases jurídicas, lo cierto es que ha tenido que asumir dicha responsabilidad por la incapacidad y corrupción de los órganos encargados de impartir justicia a todos los niveles. La impunidad ha sido el caldo de cultivo para que ciudadanos que sienten que no ha habido justicia cuando se violan derechos fundamentales recurran a los ministros. Tal es el caso de los padres y madres de los bebés que murieron trágicamente en la guardería sonorense. El tema está en la Corte porque en lugar de procurar justicia para esas familias se antepusieron intereses políticos y la necesidad de lavarse las manos antes que asumir responsabilidades. Los ministros tienen que asumir esta papa caliente porque, a estas alturas, son la única institución con capacidad de realizar una investigación neutral, creíble, con autonomía de los poderes locales y federales involucrados en esta tragedia. Es cierto que no podrán fincar responsabilidades. Pero su intervención ejercerá sin duda alguna presión sobre las autoridades encargadas de administrar y aplicar la justicia. Pero lo más importante, además de que la exigencia de los padres tuvo eco, es que esta investigación alcanza un aspecto fundamental. La comisión creada por los ministros analizará la constitucionalidad del procedimiento de subrogación de las guarderías. Es decir, en el fondo tendrá en sus manos la posibilidad de recomendar reformas que modifiquen esta ola de privatizaciones disfrazadas que han llevado a que el Estado renuncie a sus obligaciones sociales. Por eso también (y principalmente) el Estado debe estar en el banquillo de los acusados. Porque hace muchos años, con este afán de adelgazarlo, se pavimentó el camino para que abdicara de su responsabilidad fundamental: la de garantizar el acceso de todos los mexicanos al progreso y bienestar.
Hace tiempo que se nos ha querido vender la idea de que el país se mide por el número de policías y militares en la calle, por el calibre de sus armas, por lo moderno de los instrumentos que utilizan. Bajo el argumento de que es por nuestra seguridad, pasivamente hemos aceptado que se trastoquen valores y paradigmas. La cara del país no debiera ser la de un policía o un soldado. No porque se menosprecie su esfuerzo y la tarea titánica que muchos de ellos hoy realizan. No. Pero eso no es lo fundamental y de nada sirve si la otra faceta es la de niños que mueren por omisiones que a la postre resultan criminales. Es necesario entonces replantear las prioridades. Es necesario acabar con la impunidad y la injusticia. Y también lo es generar las condiciones para que los hijos de millones de mujeres que trabajan estén bien protegidos y tengan acceso a servicios educativos y de salud de calidad, porque ése es su derecho. Si se dedicaran más recursos para ello, el rostro del país sería diferente. Porque a la larga esta inversión social permitiría que esos niños sean los ciudadanos del futuro, los hombres y mujeres encargados de recuperar las calles que hace tiempo dejaron de ser nuestras.
Ser o… neceser
La marca Nike ha iniciado una sugestiva campaña en la que se señala, entre otras cosas, que “huevos… es soportar un país sin que las piernas tiemblen”. Muchas pensamos que eso, más bien, es de ovarios.

rrobles@mileniodiario.com.mx

Cartas de apoyo

Mtra. Catalina Soto...este mensajito es tan sòlo para felicitarla y mandarle un gran abrazo por su apoyo, por su gran disposiciòn, por su compromiso ciudadano, por guiar a estos padres que sufren de inimaginables maneras.., Su claridad, prudencia y a la vez firmeza en guiar este movimiento ciudadano, sin duda conduciran a estos Padres de Familia y familiares a que se logre un estado de justicia tan necesario para lograr por lo menos algo de tranquilidad para sus las almas dolientes ....
Mi familia y Yo hemos participado en la mayorìa de las marchas que se han organizado en solidaridad con las familias, familiares, amigos y ciudadanos indignados por este tremendo suceso que nos marco a todos.. De nuestra Colonia, de manera anònima, pero con gran compromiso , nuestros hijos participaron activamente dando apoyo a padres y familiares en los momentos crìticos principalmente en el momentos de las esperas hospitalarias y transporte...ahora continùan hacièndolo en las marchas...
Le comento lo anterior, con el fin de darle de alguna manera aliento y empuje para que continùe firme en su posiciòn...mi familia , mis hermanos, papàs, vecinos, estaremos con Ustedes haciendo presencia y conciencia en cada momento que se requiera ...lo merecen nuestros niños...
Dios la Bendiga...
Fam. Rodrìguez Amavizca...

Estimada Fam. Rodríguez:
Aprecio enormemente las palabras y bendiciones que su familia me hace llegar por su conducto, por lo mismo, permítame por favor hacerlas extensivas a quienes integran el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. Me interesa mucho hacer saber que, si bien por mis funciones pudiera ser la persona más visible, la lucha durante estos ya más de dos meses ha sido posible gracias a que se ha ido integrando y organizando un gran equipo de trabajo en conjunto con madres y padres de familias afectadas.


Aunque invariablemente se ha valorado la respuesta de solidaridad de los ciudadanos, en la reunión del pasado jueves, coincidimos en el interés de hacer patente este reconocimiento, por lo que aprovechamos su mensaje para devolver ese gran abrazo, reiterar el amplio agradecimiento y reconocimiento tanto a usted, sus familiares y amigos, como a los vecinos de su colonia por el apoyo brindado a las víctimas de la Guardería ABC en las etapas más difíciles y por su disposición a continuar acompañándonlos.



Seguimos en contacto, por lo pronto y todo nuestro afecto a su familia Rodrìguez Amavizca...



Catalina.

8/6/09

MAYORÍA EN LA CORTE

Carlos Avilés El Universal Ciudad de México Jueves 06 de agosto de 2009 13:20
La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por investigar la existencia violaciones graves a las garantías, en el caso del incendio de la guardería ABC.
Después de dos horas de análisis, siete de los 11 ministros han rechazado, de manera continúa, el proyecto que presentó su compañero Sergio Aguirre Anguiano, quien pidió que el máximo tribunal del país no intervenga en este asunto.
La mayoría de ministros se ha pronunciado a favor de ejercer la facultad que le confiere la Constitución, en el artículo 97.
Los ministros Sergio Valls Hernández, José Ramón Cossío, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y Fernando Franco González Salas, coincidieron en que existen elementos para presuponer que se registraron actos y omisiones de servidores públicos que generaron violaciones de garantías no sólo a causa del incendio sino antes y después de los hechos.
El primero en responder a la propuesta de Aguirre fue el ministro Sergio Valls Hernández, quien hizo suya la petición de los papás y originó el debate en la Corte desde hace tres semanas, quien dijo que ante hechos como los ocurridos el 5 de julio, derivados de las omisiones y negligencia, que atentaron contra el interés superior de la infancia, es innegable la violación grave de garantías.
Posteriormente los ministros Genaro Góngora Pimentel y Juan Silva Meza coincidieron en que la comisión, entre otros motivos, también se debería crear para garantizar el derecho a la verdad y que se conozca qué fue lo que realmente pasó en este asunto.
En su oportunidad el ministro José Ramón Cossío planteó 8 objetivos a seguir en caso de que se cree la comisión, y, de entrada, pidió no exculpar a ninguna autoridad, como lo hizo Aguirre en su proyecto.
Porque, agregó Cossío, la Corte no puede exculpar a nadie sin antes haber investigado.
La revisión del caso continúa.
vsg

8/5/09

MARCHA DE LAS FLORES EL 5 DE AGOSTO

Con gran tristeza, confirmamos el fallecimiento del niño Juan Carlos Rascón Olguín, de tres años de edad, debido a las quemaduras provocadas por el incendio de la guardería ABC. Juan Carlos había sido trasladado al Hospital Shriners de Sacramento, California y con él asciende a 49 la cifra de inocentes víctimas fatales a consecuencia de la tragedia ocurrida el 5 de junio.
En memoria de todos ellos, reiteramos la convocatoria para el próximo miércoles 5 de agosto, día en que se cumple el segundo mes de lo que ya es considerado por la opinión pública como un crimen de lesa humanidad, a una Jornada Nacional e Internacional de Protesta Pacífica en contra de la injusticia y la impunidad.

Esta protesta se dirige por igual en contra de las autoridades que encabezan en México los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), dejando muy claro que significa juicio, proceso y castigo con condenas ejemplares para quienes resulten culpables así como medidas estrictas respecto al riesgo latente que constituyen las guarderías subrogadas para las presentes y futuras generaciones. La jornada será nacional e internacional, en distintos lugares y modalidades de expresiones de inconformidad y abracará desde marchas, concentraciones, plantones, veladas, foros, hasta la colocación de mantas o lonas en lugares estratégicos como casas, universidades, escuelas, plazas, parques o cerros. Además de subrayar la palabra justicia se pide a todos los automovilistas del país y del mundo encender de día las luces de sus carros. Asimismo, en memoria de los niños y niñas se continuará expresando el luto social, solidario con las familias afectadas, a través de colocación de altares infantiles, ofrendas florares, velas, moños, listones, crespones, diseños alusivos de camisetas, botones para ropa, calcas, entre otras formas.
En Hermosillo el 5 de agosto se realizará la octava marcha, denominada Marcha de las Flores, que partirá a las 18:30 horas (6 y media de la tarde) de la Plaza de los Tres Pueblos hacia el lugar donde operaba la Guardería ABC, en donde se concluirá con una ofrenda y una concentración.

Es de suma importancia que esta acción sea replicada en todo el país y muy especialmente en la ciudad de México, en donde se anuncia para ese mismo día un plantón luctuoso apartidista frente al IMSS, en la avenida Reforma 476, a partir de las 19:00 horas (hora del centro), impulsado y apoyado por muchas organizaciones y personalidades democráticas.

MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO


Hermosillo, Sonora, a 29 de julio de 2009

BOLETIN del 4 de agosto de 2009

Una comisión amplia, en representación de los padres y madres de familia de los niños y niñas víctimas del incendio en la Guardería ABC, estará presente el jueves 6 de agosto en la ciudad de México para conocer de primera mano la decisión que tome el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a nuestra solicitud de ejercer la facultad de investigación que le confiere el artículo 97 constitucional.

Esperamos que el proyecto del ministro Sergio Aguirre Anguiano finalmente se reivindique y cumpla con nuestro reclamo de justicia ejemplar, plena e imparcial.

Cuando están por cumplirse dos meses de este horrendo crimen de Estado y ante la desesperante ausencia de resultados para la protección del más elemental de los derechos de la infancia, el derecho a la vida, tal como se ha demostrado en la banal intervención de la CNDH y su titular José Luis Soberanes, reiteramos nuestro llamado a la realización de la Jornada Nacional en Internacional contra la Injusticia y la Impunidad mañana miércoles 5 de agosto.

En Hermosillo esperamos contar este mismo día una vez más con la siempre generosa y desinteresada participación de toda la ciudadanía en la MARCHA DE LAS FLORES, que partirá a las 18:30 horas (6 y media de la tarde) de la Plaza de los Tres Pueblos hacia el lugar donde se encontraba ubicada la Guardería ABC, en donde se realizará una concentración y haremos una ofrenda en recuerdo de nuestros hijos e hijas y por la pronta recuperación de todos los que siguen en tratamiento en los hospitales.

A todos los participantes les pedimos que acudan portando una flor y vistiendo de blanco, y abstenerse de todo tipo de manifestaciones políticas ajenas a nuestro movimiento, como ya es costumbre.

En el DF y en muchas otras ciudades dentro y fuera del país habrán de realizarse múltiples acciones de solidaridad de las que estaremos informando conforme nos enteremos.


MOVIMIENTO CIUDADANO POR LA JUSTICIA 5 DE JUNIO

Hermosillo, Sonora, a 4 de agosto de 2009

Crimen sin Castigo

BUCARELI/ JACOBO ZABLUDOVSKY/ EL UNIVERSAL. Pasado mañana se cumplirán dos meses de la tragedia de la guardería y uno de la del Partido Acción Nacional. Ninguna comparación entre ambas. Cuarenta y nueve niños no se lo merecían. El PAN sí. A lo largo de su historia México ha definido algunos gobiernos según su acontecimiento más calificado. Así recordamos, para citar ejemplos, el régimen de Benito Juárez asociándolo al fusilamiento de Maximiliano, culminación de la defensa jurídica de un Estado soberano. El gobierno de Venustiano Carranza fue el de la Constitución. El de Plutarco Elías Calles se une al nacimiento del primer partido revolucionario, origen del PRI. Emilio Portes Gil, la autonomía a la Universidad Nacional. Lázaro Cárdenas expropió el petróleo de manos de las desafiantes compañías extranjeras. Manuel Ávila Camacho y la guerra mundial. Gustavo Díaz Ordaz se retrata en el Tlatelolco de 1968. Miguel de la Madrid, en el terremoto de 1985. Ernesto Zedillo Ponce de León, en la transmisión pacífica del poder a un partido de oposición por primera vez en 70 años. El actual gobierno puede pasar a la historia por la calcinación de 49 niños y quemaduras a 20 más. A menos que algo peor ocurra de aquí al término cronológico de su mandato. No sólo el hecho aislado del pavoroso desastre, suficiente para llenar un capítulo del sexenio, sino la corrupción que lo antecedió y siguió después, en un intento de manipular políticamente el luto de tantas familias y el trauma de toda una sociedad. La Tragedia de la Guardería habrá de escribirse con mayúsculas, título del episodio convertido en prototipo de una época de México. El 5 no es única liga entre el incendio y la votación. Están encarnados como una mala uña. El informe del director del Seguro Social sobre nombres y cargos de propietarios, accionistas, directores y representantes legales de las guarderías se dio, después de una espera nacional de más de un mes, tres días después de las elecciones. Los apellidos de numerosos personajes eran de poderosos políticos. Su difusión podría hacer disminuir el número de votos del partido en el poder. Los principales involucrados, identificados desde el primer momento, tuvieron todo el tiempo del mundo y lo aprovecharon para huir con rumbo desconocido. Cuando estaban lejos y escondidos, las autoridades, que habían compartido asientos con ellos, pidieron a la Interpol su búsqueda urgente. En aquel primer informe se supo que de mil 437 guarderías subrogadas sólo 16 fueron licitadas. Las demás se adjudicaron directamente a los grupos solicitantes formados en su mayoría por hombres y mujeres influyentes. No se explicó el método ni hubo transparencia de las licitaciones, asunto digno de ventilarse, aunque las instaladas así son menos de 2%. Nada se dijo entonces del criterio seguido para asignar, más de 80% restante, de manera directa. El acceso a la información se complicó, los mal pensados dicen que de eso se trataba, debido a que la lista de guarderías subrogadas se subió a internet en un formato muy difícil de consultar. Para llegar a los nombres buscados es necesario revisar estado por estado y guardería por guardería, aparte de que algunos enlaces electrónicos resultan inaccesibles. El vulgo, es decir usted y yo, se queda en Babia. Sin embargo, no ha sido necesario descifrar la piedra Roseta. Todos sabemos oír, que es más fácil, y casi todos leer. Y por las orejas y los ojos creció la percepción de que desde el principio jugaron al laissez faire y laissez passer. Pero hubo columnas y noticiarios de radio en que no dejamos de mantener vivo el profundo malestar popular, evitamos el carpetazo, descubrimos ocultos hilos de los tejidos sucios. Terminó el mes de julio más desastroso de los últimos tiempos para un gobierno, si destacamos la derrota del PAN en las elecciones, su poco estilo para asimilar el golpe y las cuarteaduras internas de sus cuadros no preparados para la desventura. Más desastrosa para lo que queda de la imagen panista fue la publicación de los detalles de eso que llaman asignación de guarderías. Los hombres se miden en función del tamaño de los obstáculos a vencer. Igual los gobiernos. No midamos ahora el tamaño del drama de Hermosillo, baste comprobar que el gobierno no pudo superarlo. Los indicios no son alentadores. Haber fomentado la impunidad de los culpables, desde los que repartieron permisos para enriquecer a sus cuates o intercambiar favores, hasta quienes siguen creyendo que dormirán como bebés, no son cosas fáciles de perdonar. Ni siquiera de olvidar. Creen que este será otro crimen sin castigo. Se equivocan.

el "gober dormilón"

ITINERARIO POLITICO/ RICARDO ALEMAN/ EL UNIVERSAL. ABC: Calderón y el góber dormilón. Cuando el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, respondió que él dormía “como bebé” a pesar de lo doloroso que resultó la tragedia de la guardería ABC, no hablaba de una metáfora sobre la tranquilidad de su conciencia. La noche de la tragedia Bours prefirió dormir. Dos meses y no existen culpables de 49 muertes. Cuando el gobernador de Sonora, Eduardo Bours, respondió que él dormía “como bebé” a pesar de lo doloroso que resultó la tragedia de la guardería ABC, no hablaba de una metáfora sobre la tranquilidad de su conciencia. No, en realidad el sonorense fue víctima de un ataque de sinceridad. Y es que la misma noche del 5 de junio —por ahí de las 22:00 horas— ordenó a sus ayudantes que no lo molestaran más —ni en persona y menos por teléfono—, debido a que se disponía a dormir. Y, en efecto, mientras el mundo conocía la magnitud de la tragedia, en tanto autoridades federales trabajaron toda la noche para disponer lo necesario para la atención de los lesionados, familiares de los niños muertos, y responder a los medios, el “góber dormilón” descansaba. Cómo bebé, claro. La historia —confirmada con fuentes de primera mano— no sólo explica la insensibilidad de un gobernante que, como Bours, no entendió y sigue sin entender el tamaño de la tragedia —la que mayor número de niños muertos ha reportado en la historia de las guarderías, no en México, sino en el mundo—, y que tampoco comprendió su responsabilidad en tanto gobernador. Acaso por eso la tragedia le costó la carrera política al señor Bours. Pero esa insensibilidad era apenas una primera señal de lo que todos vimos en días posteriores y hasta hoy. Es decir, que autoridades estatales y municipales se desentendieron del problema en una actitud criminal —del gobernador Bours y del alcalde Ernesto Gándara—, sólo preocupadas por salvar el pellejo propio y el de sus socios, colaboradores y amigos. Lo anterior lo confirma el hecho de que el primer mensaje que envió Bours al gobierno federal y al propio Felipe Calderón fue que una prima de la esposa del presidente, Margarita Zavala, era socia de la guardería ABC, en tanto que ocultó a los medios que otros socios eran sus parientes y colaboradores, además de que se encargó de truquear gráficas en las que aparecía la esposa de Calderón con la matriarca de los Martín del Campo en Sonora. Resulta que Bours no sólo soltó en conferencia de prensa que una prima de Margarita Zavala era socia de la guardería ABC, sino que antes de hacerlo público se los dijo a todos los funcionarios federales con los que habló desde el 5 de junio pasado. Bueno, en el extremo del delirio, llegó a insinuarle al Presidente que le diera un bajo perfil al asunto, porque si bien estaban metidos algunos de los suyos, también lo estaba una pariente del Presidente. Esa insinuación reventó toda posible colaboración entre los gobiernos municipal y estatal —de Hermosillo y Sonora— con el federal. Por eso la guerra que todos vimos entre los tres órdenes de gobierno, pero cuyo origen pocos conocimos en su momento. Al final de cuentas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió ayer su recomendación respectiva sobre la tragedia de la guardería ABC, y no descubrió más novedad que lo que todos saben, que existe responsabilidad criminal de los tres órdenes de gobierno, el municipio de Hermosillo, el estatal de Sonora, y el federal de la dirección del IMSS. Pero lo interesante de la evolución del asunto —a punto de cumplirse dos meses de la tragedia ocurrida el 5 de junio pasado— es que, más allá de las recomendaciones de la CNDH, de las disputas entre gobiernos locales y federal; más allá de la irresponsabilidad del “góber dormilón”, en las próximas horas la Suprema Corte iniciará la investigación del caso, que podría terminar con algunos reputados gobernantes en la hoguera política. Por lo pronto, también en cuestión de horas se podría dar a conocer una encuesta realizada por una reputada empresa de transparencia, sobre lo que piensan las madres usuarias de las más de mil 500 guarderías del IMSS. El levantamiento se realizó luego de la tragedia de Hermosillo, se hizo énfasis en esa tragedia y aun así más de 90% de las usuarias califica de positiva la atención y la seguridad de sus hijos. Pero falta lo principal. ¿Quién va a castigar a los responsables? Por un lado. Y por el otro, ¿qué responsabilidad tiene el sindicato? Por cierto, una pariente cercana del líder nacional también podría estar involucrada