Sobre la decisión de la SCJN

Alejandro Madrazo Lajous
El ABC de la tragedia
07 de agosto de 2009

La Suprema Corte decidió ayer ejercer la facultad de investigar violaciones graves a los derechos fundamentales en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, en el que murieron casi medio centenar de hijas e hijos. La decisión es trágica en el sentido de las tragedias griegas: era inevitable y todo indica que su destino es terminar mal. Me explico.
El ejercicio de la facultad de investigación era inevitable por dos razones, una remota y otra inmediata. La razón remota es el total descrédito de nuestras autoridades para actuar eficaz e imparcialmente; descrédito particularmente agudo en el caso quienes están encargados de la procuración de justicia. La sociedad —y en particular los deudos— percibió dilación, desidia, encubrimiento e impunidad. Una sociedad impaciente, hastiada, inmediatamente buscó en la Corte una esperanza.

La presión política para que la Corte entrara al caso era grande, pero no irresistible. La estocada final que orilló a la Corte la dio el ministro Aguirre Anguiano: los argumentos que ofreció consolidaron a la mayoría en su contra. Al menos tres afirmaciones hacían inaceptable la adopción del dictamen: a) que un criterio rector para el ejercicio de la facultad investigadora es que no debe ejercerse cuando las autoridades actúan en abuso de su autoridad legal, sino sólo cuando actúan fuera de su autoridad legal (¡¿?!); b) que la tragedia no se debió a la actuación de las autoridades sino de privados (siendo del IMSS la responsabilidad de prestar el servicio y garantizar su seguridad); y, lo más indignante para el público, c) que las autoridades competentes ya estaban actuando diligentemente. El ministro no quería investigar el caso, pero sí quería avalar a priori el actuar de las autoridades.


Decisión trágica: la Corte, hasta la fecha, no ha podido ejercer ésta facultad sin desacreditarse ante la opinión pública. Además, el ejercicio de la facultad desvirtúa su papel como tribunal constitucional. Con Lydia Cacho, la Corte dilapidó el enorme capital político que con justicia había ganado en el caso de la ley Televisa; con Atenco, nadie entendió el “sí, pero no”. Esto me lleva al problema de fondo: la Corte no sabe cómo y tampoco debe procurar justicia (investigar, acusar); sabe y debe impartirla (valorar las pruebas ofrecidas, interpretar el derecho).

Como tribunal constitucional tiene la última palabra en la interpretación de nuestro derecho; del significado y contenido de nuestra comunidad política. Eso la hace poderosísima. Pero es un órgano sin legitimidad democrática propia que ejerce una función fundamentalmente contramayoritaria. Por ello, es indispensable que esté tan acotada como sea posible; que sea el poder “menos peligroso”: un poder reactivo —que sólo responde cuando alguien le pregunta— y acotado —que se ciñe a la Constitución y a su propio actuar previo—. La facultad investigadora es todo lo contrario: es oficiosa. En este caso fue ella misma (en voz de uno de sus integrantes) quien pidió ejercer la facultad; y es arbitraria, pues no hay reglas establecidas para ejercerla. Se trata de una facultad peligrosísima para el equilibrio de poderes.


La Corte decidió exponerse ante la opinión pública una vez más. Lo hizo porque el reclamo popular ante la impunidad y la impotencia de las víctimas es tan grande que no puede ignorarse. En abstracto, creo que la Corte no debiera tener la facultad que ayer ejerció; en concreto, siendo nuestro sistema de justicia constitucional tan restringido —hay que ser gobernante o suficientemente adinerado para acceder a la justicia en este país—, no me atrevo proponer la eliminación de un cauce para acceder a la Suprema Corte, así sea con peticiones tomadas a voluntad por los ministros.

Ojalá que la Corte use su peligrosa facultad para entrarle al fondo del asunto: no se trata de qué inspector recibió una mordida; se trata de entrarle a exhibir el sistema que permite el secuestro de los servicios públicos por parte del negocio privado; la ineptitud y la corrupción en la procuración de justicia, que eliminan la posibilidad de conocer la verdad; la ausencia en la legislación procesal de juicios colectivos con los que los consumidores (como lo eran los padres de los niños fallecidos) actúen eficiente y eficazmente para defender sus intereses.

Sólo entrando a todo el entramado que permitió la tragedia del ABC, puede la Corte salir bien librada de esta nueva aventura. De otra forma, la advertencia del derrotado y unificador ministro Aguirre se actualizará: habremos presenciado el parto de los montes.


Abogado