9/1/09

El artículo de Daniel Gershenson

La hora de la responsabilidad
26 de agosto de 2009

Algún día, nuestros historiadores desentrañarán sin sobresaltos los motivos que orillaron a las actuales cúpulas mexicanas —la política y la empresarial, por mencionar dos de las más visibles— a actuar con tanta mezquindad en cuestiones del bien común, después de que llegó la democracia electoral al despuntar el nuevo siglo.
¿Por qué en temas íntimamente ligados con los derechos humanos (medio ambiente, salud, patrimonio histórico, seguridad) se ha descuidado el interés general al grado de habernos convertido en el país que presenta mayores rezagos a nivel continental? ¿Qué pasa por las cabezas de los que deberían promover estos cambios a favor de millones de ciudadanos agraviados por malos proveedores o por servidores públicos que cometen arbitrariedades?
Explorar las motivaciones de nuestros políticos y líderes empresariales, que niegan para México prácticas comunes a otros países latinoamericanos que obtienen resultados exitosos y trascendentes, debe ser motivo de interés tanto para los estudiosos como para el gran público.


Un caso de libro de texto podría el ser golpe de mano protagonizado por el GDF, que en alianza non sancta con la fracción local panista reventó un acuerdo ya pactado de discutir y aprobar una iniciativa a favor de las acciones de grupo durante el periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa. Un claro ejemplo de la distancia que la autoridad está dispuesta a recorrer con tal de no hacer lo correcto.


El 17 de agosto, la Comisión de Administración e Impartición de Justicia en la ALDF aprobó subir a debate al pleno, por primera vez en la historia de esta ciudad, el tema de las acciones colectivas emprendidas por grupos de ciudadanos y organismos de la sociedad civil. Pero merced a la intervención del GDF, del PAN y de una minoría obcecada del empresariado que ya consiguió que la versión federal de este tema naciera en la Cámara Baja con graves vicios de origen, el proyecto local fue sometido a un veto terminante.


No tuvieron los 66 asambleístas oportunidad de discutir un proyecto que ha tomado más de tres años, y que tiene el visto bueno de magistrados, académicos, especialistas nacionales y extranjeros, representantes de asociaciones civiles, distinguidos personajes públicos y ciudadanos comprometidos. Al estilo de cualquier república bananera o politburó de la cortina de hierro, se decretó sin miramientos el cerrojazo.





Decir que han privado razones económicas —sumadas a un pragmatismo mal entendido que pasa por posibles compromisos electorales— me parece una explicación incompleta. Seguramente se presentaron en su momento resistencias similares en Brasil, Costa Rica o Colombia. Introducir prácticas modernas de rendición de cuentas siempre entraña amenazas para los intereses creados, pero el papel de los legisladores en esos países fue favorecer a los sectores más desprotegidos.


Y es que no ha habido de otra. La acción de un Estado que sabe que la prioridad es ampliar los cauces institucionales para que la ciudadanía defienda sus derechos en igualdad de circunstancias ante proveedores omnímodos o autoridades arbitrarias no admite otra interpretación.


El mejor método para llegar a ese equilibrio es la acción colectiva, que permite que un conjunto de individuos que hayan padecido la misma afectación pueda presentar su queja ante la autoridad judicial como si fueran uno solo. Las decisiones derivadas de esta figura jurídica han servido para crear importantes precedentes y para paliar los excesos relacionados con abusos sistemáticos, a lo largo y ancho de esas naciones.


El mayor atributo de las acciones colectivas consiste en que, una vez establecidas en la ley, los infractores modifican su comportamiento hacia patrones de conducta mucho más virtuosos y racionales. Saben que ya no pueden salirse con la suya sin pagar altísimos costos. Si pretenden incurrir en las prácticas de antaño, existe la certeza de que afrontarán las consecuencias a la exacta medida de su irresponsabilidad.


El discurso trillado de la excepción mexicana ya no resiste el menor análisis. Los que tienen que tomar estas decisiones, que sólo son intolerables para los que consideran que el abuso redituable es costumbre, conocen los alcances de la justicia colectiva. Porque saben que estarán haciendo historia y aquilatan su veredicto, tendrán que reivindicarse ante nosotros ahora y ante los especialistas del futuro. Están en tiempo para completar la faena, a favor de todos.


Presidente de Alconsumidor, AC

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45377.html

El artículo de Juhani Ackgba en Terra

Guardería ABC: Justicia pausada

http://www.terra.com.mx/animaciones/000408/default.htm

LOGROS 5J Cajeme

Crónica de una sesión de Cabildo
Martes 01 de Septiembre de 2009

Por Jesús Noriega

La tarde anunciaba borrasca y los nubarrones del cielo oscurecieron pronto, pero trajeron frescos vientecillos, como albricias de novedades improbables.

Adentro la Sesión del Cabildo del H. Ayuntamiento de Cajeme empezó con treinta minutos retrasada, los que llegaban a cuentagotas hicieron saber que acompañaron en su duelo a uno de los regidores.

Llegó el alcalde Villanueva y despreocupado dio el banderazo de la sesión. El secretario confirmó la ausencia de Pablo Kuraica que acompañaba a la familia en las exequias de su madre, y el silencio que siguió a la cita del nombre del regidor étnico Gotobopicio, anunció que tampoco estaba presente en la Sala de Cabildos.

¡Sr. Presidente, hay quórum! Dijo entre bostezos el secretario del Ayuntamiento, y la solemne sesión comenzó: Que si se acepta revestir de formalidades al changarrote de todas las reuniones políticas de Cajeme (cuyas medidas de seguridad están bajo sospecha) para leer el último informe del munícipe; que si regularizamos aquel lote que usa desde los tiempos del “Pelón” Rosas el jardín de niños de la colonia equis; que si hacemos trueque con el otro lote que necesita la compañía constructora mochiteca, y así por el estilo, se agotaron los puntos del Orden del Día…

En otro sector no muy lejano a la mesa de los debates, se arrejolinaban en tres sillas los miembros del Movimiento 5 de Junio de Cajeme… Entre frotadas de nerviosismo, las manos de Maripaz deshacían las ansias en sudor y daban extrañas formas agusanadas al chicle masticado; Con la obsesión propia de cualquier labregón lurio de amor, Rosendo acariciaba la tapa del celular, que en modo vibratprio convulsionaba entre sus dedos y le avisaba la marcación de uno de los padres de familia de la Guardería ABC; el Lic. Ruvalcaba, tocado con un anacrónico sombrero, cubría celosamente el espadarapo que tapaba siete puntos de sutura y le rellenaba un tercio del cuero cabelludo, y de pasadita se daba tiempo de echarle ojos a la sesión.

A los cien minutos del comienzo, la reunión pasó a los Asuntos Generales y el Regidor Joaquín Armendáriz Bórquez impostó la voz… Silencio señores para que suene claro, se oiga fuerte y se escuche lejos: Punto número 1, que el H. Ayuntamiento de Cajeme exhorta a la Procuraduría General de la República a darle celeridad a las averiguaciones para generar resultados concretos en la investigación del trágico incendio de la Guardería ABC en la que criminalmente murieron 49 niños sonorenses; Alzaron las manos todos y ¡Aprobado! voceó el alcalde

Punto número 2, que el H. Ayuntamiento de Cajeme solicite al Congreso del Estado de Sonora la reglamentación de la Ley de Protección Civil y su instrumentación en todos los municipios del estado… Omar Partida jaloneó el punto de acuerdo con nimiedades, pero Joaquín y Marcelino lo arrinconaron y finalmente se convenció de las naderías insustanciales que reclamaba, dobló sus manitas y junto a todos alzó la diestra para que el mayoral gritara ¡Aprobado!

Hay una deuda de honor con el H. Ayuntamiento de Cajeme; con cada uno de los regidores que hicieron posible los puntos de acuerdo; con la parte que le corresponde al alcalde Francisco Villanueva; con los representantes de los medios que atestiguaron las iniciativas; pero especialmente, muy especialmente, con el Regidor Joaquín Armendáriz Bórquez, que tomó bajo su égida las inquietudes del Movimiento 5 de Junio-Cajeme y las llevó a la mesa de la representación social del municipio para el debate.

Al filo de las ocho de la noche del día martes primero de septiembre del 2009, los representantes sociales de Cajeme, en un acto de congruencia con el dolor humano que aflige a la sociedad sonorense, unieron sus voluntades para reclamarle a la Procuraduría General de la República celeridad y resultados con la búsqueda de justicia ejemplar, y por otro lado, se sumaron para instarle a los diputados del Congreso del Estado de Sonora a precaver a los sonorense de riesgos que pongan en peligro su vida o su salud.

Aquí estamos de nuevo de cara a la sociedad sonorense para entregar nuevas cuentas: Dos puntos de acuerdo y una esperanza cierta, que el Movimiento 5 de Junio-Cajeme entrega hoy a los padres y madres de familia de los niños de la Guardería ABC, como si ahora dejara en sus manos talegas de oro, mirra e incienso.

La lucha sigue, y la siguiente batalla apenas empieza.

Los Diez Mandamientos

PLENO DE MINISTROS APRUEBA PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE HECHOS EN GUARDERÍA ABC



México, D. F., 31 de Agosto de 2009.



Los magistrados comisionados presentaron el proyecto con el que buscan que se conozca la verdad, para que no haya impunidad y se haga justicia.
Se analizará el desempeño global de guarderías públicas, y se identificará a las autoridades que pudieran haber participado en los hechos.
Al término de las investigaciones, la Comisión Investigadora presentará un informe preliminar, y corresponderá al Pleno determinar si hubo violaciones graves a las garantías individuales.

El Pleno del Alto Tribunal aprobó, en sesión pública, el protocolo de investigación presentado por la Comisión Investigadora de los hechos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio pasado, para que los padres y familiares de los menores afectados queden plenamente satisfechos en su legítimo reclamo de que se conozca la verdad, no exista impunidad y se haga justicia.

Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla plantearon que en sus investigaciones se establecerá si en esos acontecimientos hubo violación grave de las garantías individuales, y se analizará el desempeño global del sistema de guarderías públicas que funcionan bajo el mismo o similar esquema, con el propósito de evitar, o por lo menos minimizar, la posibilidad de que ocurra otro suceso similar al de la Guardería ABC.

Indicaron que en el contexto de la investigación se analizará y verificará el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país, y se buscará coadyuvar a que las comunidades local y nacional tengan la certeza de lo que sucedió, así como de la legalidad, oportunidad y efectividad o no de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades.

Los magistrados plantearon los diez objetivos de investigación establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

- Identificar a las personas que participaron en los hechos que pudieran ser violaciones graves a las garantías individuales --del IMSS, del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora, además de las que resulten;

- Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de inspección y con qué periodicidad, para verificar las condiciones de funcionamiento de la Guardería ABC, y en caso de hacer observaciones, si vigilaban su cumplimiento;

- Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados entre el IMSS con particulares no patrones, para la prestación del servicio;

- Investigar el origen y situación de los convenios de subrogación entre el IMSS con patrones que tienen guarderías instaladas en sus establecimientos;

- Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC;

- Especificar qué autoridades administrativas del IMSS celebraron el convenio con los representantes de la Guardería ABC, así como el procedimiento con la normatividad que se observó para su otorgamiento;

- Analizar si con la conducta de acción u omisión de los funcionarios encargados del correcto funcionamiento de guarderías, las consecuencias del accidente en la Guardería ABC pudieron evitarse y con ello se hubiera podido salvaguardar la vida e integridad de los menores que se encontraban en el establecimiento;

-Identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso;

- Esclarecer la intervención de las autoridades del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora en relación con el otorgamiento de permiso de uso del suelo y licencia de funcionamiento como guardería, así como los demás otorgados respecto del inmueble correlativo y los demás aledaños, y

- Analizar el marco jurídico --federal, estatal y municipal-- relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería, y estudiar cuáles son los alcances y grados de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio de las niñas y niños, en el ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes.

Los magistrados indicaron que en su investigación, prevista en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, se tiene la hipótesis de si los hechos en la Guardería ABC fueron resultado o están relacionados con la existencia de un desorden generalizado en la instalación, operación y supervisión de las guarderías del IMSS que tienen un esquema similar a la guardería del siniestro.

Asimismo, establecer si ese eventual desorden obedece a omisión, negligencia, impotencia e indiferencia de las autoridades públicas en el otorgamiento, funcionamiento, vigilancia y supervisión de los convenios por virtud de los cuales funcionan ese tipio de guarderías, así como de la normatividad que rige su funcionamiento.

En su metodología de investigación, los magistrados informaron que se revisará la legislación relativa al funcionamiento, vigilancia y supervisión de las guarderías públicas en general, con el propósito de dar a conocer si el Estado mexicano ha o no cumplido con los compromisos adquiridos en convenios internacionales relativos a la seguridad social y a la protección de los infantes.

El examen normativo también concluirá, precisaron, con un diagnóstico destinado a revelar si la posibilidad de que particulares presten el servicio de guarderías se encuentra prevista en la ley, reglamento u otro instrumento jurídico; y hasta qué punto es factible que el Estado delegue a particulares una obligación que tiene constitucionalmente establecida.

Luego de las investigaciones, la Comisión Investigadora presentará un informe preliminar ante en Pleno del Alto Tribunal, en el que incluirá descripción y grado de responsabilidad de las autoridades en la implementación del régimen de guarderías; esclarecer el grado de incidencia de las conductas activas y omisivas de las autoridades en el accidente en la Guardería ABC, y si existen actos de negligencia posteriores al suceso.

En la sesión de hoy se aprobó, con el protocolo de investigación, el calendario de las fases de la misma.

El Pleno de ministros será el encargado de determinar si hubo violaciones graves a las garantías individuales, en los hechos de la Guardería ABC.