Crearán comisión especial para el caso ABC
Diputados federales reclaman que a casi cuatro meses del incendio donde murieron muchos niños, no hay culpables ni castigados
Ciudad de México
Septiembre 20 de 2009. Domingo
En el marco del bullicio legislativo en torno al Paquete Económico 2010, el diputado Emilio Serrano Jiménez solicitó ante el pleno de la Cámara baja la creación de la Comisión Especial para Investigar el Incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
El legislador originario del Distrito Federal agradeció en la máxima tribuna la sensibilidad de las más de 160 diputadas y diputados del PRD, PAN, PRI, Convergencia, PT, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, que respaldaron con su firma el documento con dicha propuesta.
En su intervención, el diputado de la fracción del PRD, criticó que a más de 100 días de la tragedia, aún no se sabe quiénes son los culpables ni qué castigo merecen.
"Vamos a intentar, diputadas y diputados que con nuestro trabajo no vuelva a ocurrir lo sucedido en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Que no vuelva a ocurrir en ninguna parte del país", refirió el diputado Serrano Jiménez.
Consideró que la Cámara de Diputados también debe participar en el trabajo para esclarecer quienes son los responsables de la tragedia de Sonora.
Pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tomó el caso el 31 de julio y expidió una recomendación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó el caso el 6 de agosto y Cámara de Diputados ¿no va a hacer nada? Se preguntó.
Ante el pleno explicó que la Comisión Especial para que atienda el caso de la guardería ABC, tendrá además el propósito de legislar para reformar la Ley del Seguro Social y evitar tragedias como la registrada en Hermosillo el pasado 5 de junio.
"No es posible que se atienda a niños, de primera y de segunda. Hay discriminación, porque las guarderías que maneja el Seguro Social tiene un trato, tienen un presupuesto diferente a las guarderías subrogadas", destacó.
Luego de la comparecencia el pasado martes del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el diputado defeño se pronunció porque los diputados de todos los partidos y de todo el país lleguen a acuerdos, para legislar en aras de evitar la injusticia, la discriminación, la marginación y la pobreza en México.
En su intento por sensibilizar a la asamblea, el diputado perredista proponente de este punto de acuerdo para crear la comisión especial para investigar el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, dijo que cualquiera de los presentes, estarían inconsolables si sus niños, hijos, sobrinos o nietos hubieran sido víctimas de un siniestro como el de Sonora.
Puedo garantizar –sin temor a equivocarme- que si se hubiera tratado de uno de los hijos de ustedes, estarían reclamando y exigiendo justicia, expresó.
El punto de acuerdo con dicha solicitud fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y aprobación en las siguientes semanas.
9/21/09
9/17/09
Del archivo de Mercedes Ibarra
Vamos juntos
Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
compañero te desvela
la misma suerte que a mi
prometiste y prometí
encender esta candela
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
la muerte mata y escucha
la vida viene después
la unidad que sirve es
la que nos une en la lucha
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
la historia tañe sonora
su lección como campana
para gozar el mañana
hay que pelear el ahora
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena
cada cual en su faena
porque en esto no hay suplentes
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
algunos cantan victoria
porque el pueblo paga vidas
pero esas muertes queridas
van escribiendo la historia
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero.
Saludos
Con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
compañero te desvela
la misma suerte que a mi
prometiste y prometí
encender esta candela
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
la muerte mata y escucha
la vida viene después
la unidad que sirve es
la que nos une en la lucha
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
la historia tañe sonora
su lección como campana
para gozar el mañana
hay que pelear el ahora
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
ya no somos inocentes
ni en la mala ni en la buena
cada cual en su faena
porque en esto no hay suplentes
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero
algunos cantan victoria
porque el pueblo paga vidas
pero esas muertes queridas
van escribiendo la historia
con tu puedo y con mi quiero
vamos juntos compañero.
Saludos
9/15/09
EN EL EVENTO DEL CUM
Se reúnen padres de víctimas de tragedia con Gómez Mont
Castigo por asociación delictuosa piden contra dueños de la guardería ABC
Por Ulises Gutiérrez Ruelas / Dossier Politico
Dia de publicación: 2009-09-13
Una comisión de dos padres de niños que fallecieron en la tragedia del 5 de junio se reunió con el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, a quien le entregaron una carta dirigida a Felipe Calderón donde le dicen que “las circunstancias de asociación delictuosa que ocasionó la tragedia deben ser vistas como resultado de una acción de delincuencia organizada.
Un grupo de padres y madres de las víctimas de la guardería se dieron cita en el evento donde el nuevo gobernador sonorense, el panista, Guillermo Padrés Elías, dio un mensaje a la sociedad sonorense.
Llegaron en son de paz con el nuevo gobernador. Con él –dicen- ya tienen el acuerdo de una audiencia del gobernador con los padres y madres de la guardería. Pero aprovecharon la visita del funcionario para buscarlo en el evento que se celebró en el Centro de Usos Múltiples.
Entraron en contacto con gente del equipo de Padrés Elías, para decirles que querían entrevistarse con Gómez Mont, para entregarle una carta dirigida al presidente de la república.
La audiencia se buscó y se logró minutos antes de que iniciara el evento donde Guillermo Padrés les tomaría protesta a los integrantes del nuevo gabinete estatal.
En la reunión participaron Patricia Duarte y Julio César Márquez, por los padres de los niños; el secretario de gobernación y el nuevo secretario de gobierno de Sonora, Héctor Larios.
A ellos le leyeron la carta dirigida a Calderón Hinojosa donde le poden que “como jefe político del Procurador General de la República, le ordene a que no sólo reencauce las acusaciones contra los funcionarios y particulares actualmente procesados, que se les finque responsabilidad por delincuencia organizada y que lo mismo se haga con los funcionarios del gobierno estatal, municipal y federal que se encuentran relacionados con la tragedia.
A nosotros nos quedó claro –dice la carta- que el gobierno que usted preside había decidido dejar sin castigo a los socios de la guardería ABC y que sólo fue hasta que acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que usted ordenó desde Panamá al entonces procurador general de la república que también pidiera orden de aprehensión contra esos personajes.
Al decir de Julio César y Patricia, la reunión fue “muy fría” con Gómez Mont. Le plantearon una audiencia con el presidente de la república, pero no hubo mayores acuerdos que el de hacerle llegar la carta a Felipe Calderón.
Al aventó del nuevo gobernador llegaron personajes como el dirigente nacional del PAN, César Nava, los ex gobernadores sonorenses, Carlos Armando Biebrich, Armando López Nogales y Samuel Ocaña García.
Ellos fueron muy parcos al ser entrevistados. Eludieron tocar el tema de la derrota del PRI, de la salida de Eduardo Bours y de la experiencia que les ha significado la alternancia política en Sonora.
También llegaron gente como Santiago Creel, María Dolores del Río y en general la nueva clase política que tendrá las riendas del gobierno sonorense. Y entre ellos, asistieron representantes de la jerarquía católica, como el arzobispo don Ulises Macías.
Cuando terminó el evento y se llegó la hora de la salida, Patricia Duarte buscó a don Ulises Macías hasta que lo encontró para decirle: “Señor arzobispo, creo en Dios, soy madre de Andrés que murió en la tragedia de la guardería ABC y quiero decirle que por personas como usted la gente se está alejando de la iglesia”.
Don Ulises no pasaba de la sorpresa que le provocaron las palabras de Patricia Duarte, cuando la señora le recriminó el hecho de que la iglesia se esté metiendo en asuntos judiciales, como es el caso de la guardería.
Y le mencionó el caso concreto de las cartas de recomendación que han suscrito algunas personalidades para apoyar a los socios de la guardería. Le dijo que él mismo firmó esa carta que dirigieron a un juez, con el fin de patentizarle que estos señores son de buena moral y buenas costumbres.
El objetivo de esas cartas de recomendación es influir en el juez para que no castigue con cárcel a los socios de esta estancia infantil, a pesar de que han fallecido 49 niños y niñas.
Don Ulises le dijo que él no había firmado esa carta. Pero Patricia Duarte dijo que esa carta se encuentra en el expediente judicial del caso de la guardería.
Castigo por asociación delictuosa piden contra dueños de la guardería ABC
Por Ulises Gutiérrez Ruelas / Dossier Politico
Dia de publicación: 2009-09-13
Una comisión de dos padres de niños que fallecieron en la tragedia del 5 de junio se reunió con el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, a quien le entregaron una carta dirigida a Felipe Calderón donde le dicen que “las circunstancias de asociación delictuosa que ocasionó la tragedia deben ser vistas como resultado de una acción de delincuencia organizada.
Un grupo de padres y madres de las víctimas de la guardería se dieron cita en el evento donde el nuevo gobernador sonorense, el panista, Guillermo Padrés Elías, dio un mensaje a la sociedad sonorense.
Llegaron en son de paz con el nuevo gobernador. Con él –dicen- ya tienen el acuerdo de una audiencia del gobernador con los padres y madres de la guardería. Pero aprovecharon la visita del funcionario para buscarlo en el evento que se celebró en el Centro de Usos Múltiples.
Entraron en contacto con gente del equipo de Padrés Elías, para decirles que querían entrevistarse con Gómez Mont, para entregarle una carta dirigida al presidente de la república.
La audiencia se buscó y se logró minutos antes de que iniciara el evento donde Guillermo Padrés les tomaría protesta a los integrantes del nuevo gabinete estatal.
En la reunión participaron Patricia Duarte y Julio César Márquez, por los padres de los niños; el secretario de gobernación y el nuevo secretario de gobierno de Sonora, Héctor Larios.
A ellos le leyeron la carta dirigida a Calderón Hinojosa donde le poden que “como jefe político del Procurador General de la República, le ordene a que no sólo reencauce las acusaciones contra los funcionarios y particulares actualmente procesados, que se les finque responsabilidad por delincuencia organizada y que lo mismo se haga con los funcionarios del gobierno estatal, municipal y federal que se encuentran relacionados con la tragedia.
A nosotros nos quedó claro –dice la carta- que el gobierno que usted preside había decidido dejar sin castigo a los socios de la guardería ABC y que sólo fue hasta que acudimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que usted ordenó desde Panamá al entonces procurador general de la república que también pidiera orden de aprehensión contra esos personajes.
Al decir de Julio César y Patricia, la reunión fue “muy fría” con Gómez Mont. Le plantearon una audiencia con el presidente de la república, pero no hubo mayores acuerdos que el de hacerle llegar la carta a Felipe Calderón.
Al aventó del nuevo gobernador llegaron personajes como el dirigente nacional del PAN, César Nava, los ex gobernadores sonorenses, Carlos Armando Biebrich, Armando López Nogales y Samuel Ocaña García.
Ellos fueron muy parcos al ser entrevistados. Eludieron tocar el tema de la derrota del PRI, de la salida de Eduardo Bours y de la experiencia que les ha significado la alternancia política en Sonora.
También llegaron gente como Santiago Creel, María Dolores del Río y en general la nueva clase política que tendrá las riendas del gobierno sonorense. Y entre ellos, asistieron representantes de la jerarquía católica, como el arzobispo don Ulises Macías.
Cuando terminó el evento y se llegó la hora de la salida, Patricia Duarte buscó a don Ulises Macías hasta que lo encontró para decirle: “Señor arzobispo, creo en Dios, soy madre de Andrés que murió en la tragedia de la guardería ABC y quiero decirle que por personas como usted la gente se está alejando de la iglesia”.
Don Ulises no pasaba de la sorpresa que le provocaron las palabras de Patricia Duarte, cuando la señora le recriminó el hecho de que la iglesia se esté metiendo en asuntos judiciales, como es el caso de la guardería.
Y le mencionó el caso concreto de las cartas de recomendación que han suscrito algunas personalidades para apoyar a los socios de la guardería. Le dijo que él mismo firmó esa carta que dirigieron a un juez, con el fin de patentizarle que estos señores son de buena moral y buenas costumbres.
El objetivo de esas cartas de recomendación es influir en el juez para que no castigue con cárcel a los socios de esta estancia infantil, a pesar de que han fallecido 49 niños y niñas.
Don Ulises le dijo que él no había firmado esa carta. Pero Patricia Duarte dijo que esa carta se encuentra en el expediente judicial del caso de la guardería.
9/8/09
Reseña viaje a Cd. Obregón
En Primera Persona
El domingo del 6 de septiembre del 2009 parió por lo alto soles refulgentes y tatuó montonales de nubes aborregadas a las cúpulas del espectro, como si el Universo pidiera disculpas a los sonorenses por los excesos de jueves y viernes con los que castigó a Guaymas y Empalme.
En medio del tráfago de escenarios complejos, de hombres de piernas virtuosas convertidos en superhéroes por la fuerza de las televisoras, de barbajanes carentes de valores que pierden las trazas de cordura en el pillaje o en el festejo futbolero, surgen otro tipo de pulsiones de apariencias modestas pero trascendentes a la conducta humana.
A partir del mediodía de ese día, en el corazón de la Sochiloa, la popular colonia del Antiguo Cajeme que en su nombre contiene el acrónimo de Sonora, Chihuahua y Sinaloa y refiere al vetusto intento separatista del noroeste de México, justo en el cruce de las calles Ramón Guzmán y Luis G. Monzón, en el auditorio de la UGOCP, se reunió un centenar de ciudadanos, mujeres y hombres activos, para reflexionar en torno al incendio de la Guardería ABC.
A tres meses de la conflagración funesta que cortara la existencia a 49 niños y dejara cicatrices de quemaduras o daños en los pulmones a 68 criaturas, estuvieron en Cajeme tres de las madres en duelo, y nos dejaron constancia del tremendo sufrimiento que no termina, de las heridas del alma abiertas en carne viva que supuran tristeza e impotencia.
Pati con la mirada asida a la foto de su sonriente Andrés Alonso, el que luce radiante en el cartel de la pared, deja ir la memoria; con el corazón escarmentado y la madurez sólida de mujer de una pieza, habla sin rencores; avisa que la lucha por la justicia mantiene los desafíos, pero que a partir de los cien días toma estrategias distintas.
Uno ve a Cristina, madre de Brian Alexander, y en la brevedad de su estructura corporal se le percibe frágil, sin embargo, apenas acomete el micrófono y su espíritu interior la transforma en una leona herida: acusa al gobierno de impericia social, de insensibilidad; señala al gobierno ausente y a una sociedad que se niega a tomar consciencia y a medir los alcances de la desgracia.
Juanita confiesa que ha perdido el miedo a cualquier reto, que con Jonatan se fueron las razones de seguir viviendo, que su madre le recuerda a diario que la desgracia no sólo dejó madres sin hijos sino también abuelas sin nietos… Reconoce en público que al trancazo del vacío y el duelo siguió la fuerza moral para plantarse frente al gobernador a pedirle cuentas y a afirmarle que la desgracia fue por fallas acumuladas de mal gobierno. Juanita dejó constancia a quienes la escucharon de la sorpresa que tuvo Eduardo Bours cuando vio que aquella mujer menuda no se arredró ante su presencia, al contrario, lo enteró que ella es licenciada, que conoce los entramados de la burocracia en la que trabajó diez años y el gobernante abrió los ojos desmesuradamente cuando ella exigió resultados, la postura que hoy refrendó.
Pati, Cristina y Juanita, madres dolidas que se dirigieron a la gente de Cajeme con la voz brotándoles sentimientos del alma; son mujeres de carne y hueso, comunes y corrientes como las que todos conocemos; iguales a las que se levantan todos los días para prestar su fuerza de trabajo por magros pesos y que dejan a sus hijos al “cuidado” de sabe quién; indistintas de otras que en sus empleos dejan pedazos de vida cara a cambio de pesos baratos.
No solamente la pérdida es el común denominador a las mujeres que sembraron sus testimonios, hay en todo su dolor unas ansias de generosidad que sorprenden porque nadie las espera, porque nos ayudan a entender la condición humana de quienes son dadoras de vida.
Con el semblante puesto en el futuro, nos hablan de continuar en lucha permanente hasta que consigan justicia y castigo para los responsables del infanticidio de la Guardería ABC; también, y allí lo inesperado, piden que esta desgracia contribuya a crear la consciencia ciudadana suficiente que desactive las bombas de tiempo que por todas las ciudades sonorenses son amenazas reales a la salud y la vida.
A estas mujeres fuertes, enteras, totales, dolidas y unidas por la fuerza de la esperanza; las que defienden a sus retoños con el vigor de leonas recién paridas; las que reclaman justicia en la manifestación callejera o frente a grupos organizados; las que vinieron de Hermosillo a Cajeme a mostrarnos en primera persona la dolorosa experiencia de vida que les arrebató la sublime extensión de su existencia, les agradecemos que nos dejaran sus esperanzados mensajes de generosidad ciudadana, de bondad extrema.
Muchas gracias Pati, Cristina y Juanita, vuelvan pronto.
Jesús Noriega
El domingo del 6 de septiembre del 2009 parió por lo alto soles refulgentes y tatuó montonales de nubes aborregadas a las cúpulas del espectro, como si el Universo pidiera disculpas a los sonorenses por los excesos de jueves y viernes con los que castigó a Guaymas y Empalme.
En medio del tráfago de escenarios complejos, de hombres de piernas virtuosas convertidos en superhéroes por la fuerza de las televisoras, de barbajanes carentes de valores que pierden las trazas de cordura en el pillaje o en el festejo futbolero, surgen otro tipo de pulsiones de apariencias modestas pero trascendentes a la conducta humana.
A partir del mediodía de ese día, en el corazón de la Sochiloa, la popular colonia del Antiguo Cajeme que en su nombre contiene el acrónimo de Sonora, Chihuahua y Sinaloa y refiere al vetusto intento separatista del noroeste de México, justo en el cruce de las calles Ramón Guzmán y Luis G. Monzón, en el auditorio de la UGOCP, se reunió un centenar de ciudadanos, mujeres y hombres activos, para reflexionar en torno al incendio de la Guardería ABC.
A tres meses de la conflagración funesta que cortara la existencia a 49 niños y dejara cicatrices de quemaduras o daños en los pulmones a 68 criaturas, estuvieron en Cajeme tres de las madres en duelo, y nos dejaron constancia del tremendo sufrimiento que no termina, de las heridas del alma abiertas en carne viva que supuran tristeza e impotencia.
Pati con la mirada asida a la foto de su sonriente Andrés Alonso, el que luce radiante en el cartel de la pared, deja ir la memoria; con el corazón escarmentado y la madurez sólida de mujer de una pieza, habla sin rencores; avisa que la lucha por la justicia mantiene los desafíos, pero que a partir de los cien días toma estrategias distintas.
Uno ve a Cristina, madre de Brian Alexander, y en la brevedad de su estructura corporal se le percibe frágil, sin embargo, apenas acomete el micrófono y su espíritu interior la transforma en una leona herida: acusa al gobierno de impericia social, de insensibilidad; señala al gobierno ausente y a una sociedad que se niega a tomar consciencia y a medir los alcances de la desgracia.
Juanita confiesa que ha perdido el miedo a cualquier reto, que con Jonatan se fueron las razones de seguir viviendo, que su madre le recuerda a diario que la desgracia no sólo dejó madres sin hijos sino también abuelas sin nietos… Reconoce en público que al trancazo del vacío y el duelo siguió la fuerza moral para plantarse frente al gobernador a pedirle cuentas y a afirmarle que la desgracia fue por fallas acumuladas de mal gobierno. Juanita dejó constancia a quienes la escucharon de la sorpresa que tuvo Eduardo Bours cuando vio que aquella mujer menuda no se arredró ante su presencia, al contrario, lo enteró que ella es licenciada, que conoce los entramados de la burocracia en la que trabajó diez años y el gobernante abrió los ojos desmesuradamente cuando ella exigió resultados, la postura que hoy refrendó.
Pati, Cristina y Juanita, madres dolidas que se dirigieron a la gente de Cajeme con la voz brotándoles sentimientos del alma; son mujeres de carne y hueso, comunes y corrientes como las que todos conocemos; iguales a las que se levantan todos los días para prestar su fuerza de trabajo por magros pesos y que dejan a sus hijos al “cuidado” de sabe quién; indistintas de otras que en sus empleos dejan pedazos de vida cara a cambio de pesos baratos.
No solamente la pérdida es el común denominador a las mujeres que sembraron sus testimonios, hay en todo su dolor unas ansias de generosidad que sorprenden porque nadie las espera, porque nos ayudan a entender la condición humana de quienes son dadoras de vida.
Con el semblante puesto en el futuro, nos hablan de continuar en lucha permanente hasta que consigan justicia y castigo para los responsables del infanticidio de la Guardería ABC; también, y allí lo inesperado, piden que esta desgracia contribuya a crear la consciencia ciudadana suficiente que desactive las bombas de tiempo que por todas las ciudades sonorenses son amenazas reales a la salud y la vida.
A estas mujeres fuertes, enteras, totales, dolidas y unidas por la fuerza de la esperanza; las que defienden a sus retoños con el vigor de leonas recién paridas; las que reclaman justicia en la manifestación callejera o frente a grupos organizados; las que vinieron de Hermosillo a Cajeme a mostrarnos en primera persona la dolorosa experiencia de vida que les arrebató la sublime extensión de su existencia, les agradecemos que nos dejaran sus esperanzados mensajes de generosidad ciudadana, de bondad extrema.
Muchas gracias Pati, Cristina y Juanita, vuelvan pronto.
Jesús Noriega
9/7/09
Lamentan falta de seguimiento en guardería ABC
José Francisco García, padre del fallecido Andrés, de tres años de edad, exigió que se esclarezcan los hechos porque no se puede andar persiguiendo a la justicia; lidera una marcha contra la impunidad en el caso
Noemí Gutiérrez
El Universal
Ciudad de México Sábado 05 de septiembre de 2009
11:40 A tres meses de la tragedia en la guardería ABC, un contingente encabezado por José Francisco García, padre de Andrés, uno de los 49 niños muertos en el siniestro, marcha sobre avenida Paseo de la Reforma frente al Ángel de la Independencia.
José Francisco García Quintana, criticó al presidente Felipe Calderón porque no se ha tenido justicia en el caso de los pequeños y en su discurso habla de erradicar la impunidad.
Señaló que muchos de los pequeños que sobrevivieron al incendio el cinco de julio no han recibido la atención adecuada pese a que respiraron monóxido de carbono.
"Esos compuestos (eléctricos y de otro tipo), me tocó ver una ficha técnica de esos compuestos aislantes y existe la posibilidad y un alto riesgo de que desarrollen algún tipo de cáncer.
Dijo que el IMSS no ha llevado un puntal seguimiento y aún muchos padres están batallando para que se les de tratamiento a sus hijos..
Dijo que esta marcha, que tiene como punto final el Zócalo capitalino, es para retomar el apoyo de la sociedad y exigir que se esclarezcan los hechos ya que no se puede "andar persiguiendo a la justicia".
Criticó el informe que presentó la comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso ya que no entrevistó a ninguno de los 21 padres que mencionan en dicho documento.
Dijo que el ombudsman nacional , José Luis Soberanes se burló de su dolor ya que no entiende la magnitud de la tragedia.
Portando una playera con la imagen del pequeño Andrés (de tres años cinco meses de edad) dijo que esta ha sido una semana mala para su familia, ya que su esposa por el profundo dolor ni siquiera ha tenido fuerzas para levantarse de su cama.
Lamentó que muchas madres que también perdieron a sus hijos no cuentan con el apoyo de otros familiares o una pareja para compartir su dolor.
Varios de los asistentes a esta marcha llevan mantas con las leyendas "no seas indiferente", "ángeles en espera de justicia", "guardería ABC: 49 bebés muertos + 0 encarcelados =impunidad", también llevan una manta con la leyenda "se busca" en la que se refieren a los dueños de la guardería ABC por el asesinato de los pequeños y las lesiones de los que sobrevivieron y por el daño irreparable que han causado a la sociedad.
Artículo de Daniel Bensaid
¿La salud tiene un precio?
¿Y el conocimiento?
¿Existe un derecho incondicional al alojamiento, a la educación?
Daniel Bensaïd *
Traducción de Andrés Lund Medina
Al reducir el valor mercantil de toda riqueza, de todo producto, de todo servicio, al tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción,la ley del mercado tiene por objeto volver conmensurable lo inconmensurable, asignar un precio monetario a lo que es difícilmente cuantificable. Como equivalente general, el dinero tendría así el poder de metamorfosearlo todo. Agente de una universal traducción, “confunde e intercambia toda cosa, es el mundo invertido, la conversión y la confusión de todas las calidades generales y humanas” [1]. La mercantilización generalizada tiene por objeto dar un precio a lo que no tiene: “Este esfuerzo por conferir un precio a todo lo que puede intercambiarse es considerablemente elevado, constata a Marcel Hénaff. Se desliza hacia una concepción de la mercantilización sin límites: todo puede evaluarse en un mercado, por lo tanto todo puede ser vendido, incluido lo invendible.” [2]
El servicio público puede o debería ser gratuito, pero el profesor o la enfermera deben alimentarse y vestirse. Cuestión de actualidad: ¿a qué corresponde entonces el salario de un profesor-investigador universitario? No vende un producto (un conocimiento-mercancía), pero recibe una remuneración financiada por la distribución fiscal del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y para la reproducción de su fuerza de trabajo (tiempo de formación incluido). ¿Se trata solamente del tiempo que pasa en su laboratorio o del tiempo que transcurre delante de la pantalla de su ordenador (cronometrado por un reloj integrado)? ¿Se detiene su pensamiento cuando toma el metro o hace su jogging? La cuestión resulta todavía más espinosa ya que la producción de los conocimientos es altamente socializada, difícilmente individualizable, e implica una gran cantidad de trabajo muerto. Ahora bien, las reformas en curso tienden a transformar a nuestro profesor investigador en vendedor de prestaciones comerciales. De ahora en adelante se supone que vende ideas o conocimientos cuyos procedimientos de evaluación (como la bibliometría cuantitativa) deberán medir el valor mercantil.
La crisis actual es una crisis histórica -económica, social, ecológica- de la ley del valor. La medida de toda cosa por el tiempo de trabajo abstracto se convirtió en, como Marx lo preveía en sus Manuscritos de 1857, una medida “miserable” de las relaciones sociales. Pero “no se puede administrar lo que no se sabe medir”, afirma el Sr. Pavan Sukhdev, antiguo director del Deutsche Bank de Bombay a quien la Comisión de la Unión Europea pide un informe “para obtener una bitácora de los dirigentes de este mundo”, ¡“asignando muy rápidamente un valor económico a los servicios prestados por la naturaleza”! [3] Medir toda riqueza material, social, cultural, según el patrón del tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, se vuelve sin embargo cada vez más problemático a causa de una mayor socialización del trabajo y de una incorporación masiva de trabajo intelectual a este trabajo socializado.
¡El tiempo largo de la ecología no es, definitivamente, el tiempo corto del curso de la Bolsa! Asignar “un valor económico” (monetario) a los servicios de la naturaleza tropieza con el espinoso problema de establecer un denominador común a los recursos naturales, a los servicios personales, a los bienes materiales, a la calidad del aire, al agua potable, etc. Debería existir otro patrón que el tiempo de trabajo y otro instrumento de medida que el mercado, capaz de evaluar la calidad y las contrapartidas a largo plazo de las ganancias inmediatas. Sólo una democracia social sería capaz de conceder los medios a las necesidades, de tener en cuenta la temporalidad larga y lenta de los ciclos naturales, y de colocar los términos de las elecciones sociales integrando su dimensión ecológica.
La desmercantilización de las relaciones sociales no se reduce a una simple oposición entre pagar y gratuidad. Inmersa en una economía de mercado competitiva, la gratuidad puede también revelarse perversa y servir de máquina de guerra contra una producción rentable de calidad. Eso es lo que ilustra la multiplicación de los diarios gratuitos e detrimento de un trabajo de información e investigación que cuesta.
Se pueden imaginar y experimentar ámbitos de intercambio directo -no monetario- de bienes de uso o servicios personalizados. Pero este“paradigma del don”, como procedimiento de reconocimiento mutuo, no podría generalizarse, excepto si se concibe una vuelta a una economía autárquica del trueque. Ahora bien, toda sociedad de intercambio ampliado y con una división social compleja del trabajo, requiere una contabilidad y un método de redistribución de las riquezas producidas.
La cuestión central de la desmercantilización es, por consiguiente, la de las formas de apropiación y de las relaciones de propiedad, cuya gratuidad (de acceso a los servicios públicos o a los bienes comunes) no es más que un aspecto. Es la privatización generalizada del mundo -es decir, no solamente de los productos y los servicios, sino de los conocimientos, de lo vivo, del espacio, de la violencia- lo que hace de todo una mercancía vendible. Se asiste así, a mayor escala, a un fenómeno comparable a lo que se produjo a principios del siglo XIX con una ofensiva en toda regla contra los derechos consuetudinarios de los pobres: privatización y mercantilización de bienes comunes y destrucción metódica de las solidaridades tradicionales (familiares y aldeanas ayer,de los sistemas de protección social hoy) [4].
Las controversias sobre la propiedad intelectual son a este respecto ejemplares: “A la menor idea susceptible de generar una actividad se le pone a precio, como en el mundo del espectáculo donde no hay un intuición ni un proyecto que no esté cubierto inmediatamente por un copyright. En vías de apropiación, para los beneficios. No se comparte: se captura, se apropia, se trafica. Vendrán tiempos, quizás, dónde será imposible avanzar una declaración cualquiera sin descubrir que se protegió debidamente y se sometió a derecho de propiedad.” [5] Con la adopción en 1994 del acuerdo TRIPS (Trade Related Aspects o Intellectual Property Rights), en el marco de los acuerdos de la Ronda de Uruguay (de los cuales es resultante la Organización Mundial del Comercio), los gobiernos de los grandes países industrializados consiguieron imponer el respeto mundial de las patentes. Antes, no sólo su validez no se reconocía mundialmente, sino que cincuenta países sencillamente excluían las patentes de sustancias y sólo reconocían la patentes sobre los métodos de fabricación.
Desde los años setenta se asiste así a un absolutización de los derechos de plena propiedad, a una formidable apropiación privada por la multinacionales del conocimiento así como las producciones intelectuales y artísticas en general. Ante la eventualidad de una puesta a disposición de los usuarios de los programas informáticos, el préstamo gratuito de las bibliotecas se cuestionó a partir del final de los años 80. A partir de entonces, la información se han convertido en una nueva forma de capital y el número de patentes registradas cada año ha estallado (156 mil en 2007). Por sí solos, Monsanto, Bayer y BASF registraron 532 patentes sobre genes resistentes a la sequía. Sociedades llamadas “gnomos” compran carteras de patentes con el fin de atacar con juicios a los productores cuya actividad utiliza un conjunto de conocimientos inextricablemente combinados. Nueva forma de erigirse contra el libr acceso al conocimiento, este curso de regular las patentes genera as una verdadera “burbuja de patentes”.
Esta extensión del derecho de las patentes autoriza patentar variedades de plantas cultivadas o animales de ganadería, así como sustancias de un ser vivo, confundiendo al mismo tiempo la distinción entre invención descubrimiento, y abriendo la vía al pillaje neoimperialista para la apropiación de conocimientos zoológicos o botánicos tradicionales. Lo grave no es que patentar secuencias de ADN constituya un ataque a la divina Creación, sino que la elucidación de un fenómeno natural pueda, de ahora en adelante, ser objeto de un derecho de propiedad. La descripción de una secuencia génica es un conocimiento y no un hacer.
Ahora bien, patentes y derechos de autor tenían inicialmente, por contrapartida, la obligación de divulgación pública del conocimiento en cuestión. Esta regla ha sido desviada alguna vez (en nombre, principalmente, del secreto militar), pero Lavoisier no patentó el oxígeno ni Einstein la teoría de la relatividad, ni Watson y Crick lo doble hélice de ADN. Si, desde el siglo XVII, la divulgación favorecía las revoluciones científicas y técnicas, en adelante la parte de los resultados científicos puestos en el ámbito público disminuye, mientras que aumenta la parte confiscada por las patentes, que funcionan para venderse o cobrar una renta.
En 2008, Microsoft anunciaba la puesta en línea en libre acceso en Internet de datos relativo a sus programas informáticos y autorizaba su utilización gratuita para desarrollos no comerciales. No se trataba, se apresuraba a precisar en una entrevista a Médiapart el director de los asuntos jurídicos Marc Mossé, de un cuestionamiento de la propiedad intelectual, sino solamente de una “demostración de que la propiedad intelectual puede ser dinámica”. Ante la competencia de los programa informáticos libres, los programas informáticos comerciales como Microsoft se veían forzados a adaptarse parcialmente a esta lógica de la gratuidad, cuyo fundamento es la contradicción creciente entre la apropiación privativa de los bienes comunes y la socialización del trabajo intelectual que comienza con la práctica de la lengua.
En su tiempo, la apropiación privada de las tierras se defendió en nombre de la productividad agraria argumentando que terminaría por erradicar escaseces y hambres. Asistimos hoy a una nueva ola de privatizaciones, justificadas por el curso de la innovación y la urgencia alimentaria mundial. Pero el uso de la tierra es “mutuamente exclusivo” (lo que uno se apropia, otro no puede utilizar), mientras que el de los conocimientos y saberes no tiene rival: el bien no se extingue por el uso que se le hace, ya se trate de una secuencia genética o de una imagen digitalizada. Esta es la razón por la que, del monje copista al correo electrónico, pasand por la impresión o la fotocopia, el coste de reproducción no dejó de bajar. Y por eso se alega hoy, para justificar la apropiación privada, el estímulo de la investigación más bien que el uso del producto.
Frenando la difusión de la innovación y su enriquecimiento, la privatización contradice las pretensiones del discurso liberal sobre sus beneficios competitivos. El principio del programa informático libre registra, al contrario y a su manera, el carácter fuertemente cooperativa del trabajo social que se encuentra cristalizado. El monopolio de propietario se impugna no, como para los liberales, en nombre de la virtud innovadora de la competencia, sino como obstáculo a la libre cooperación. La ambivalencia del término inglés “free” aplicado al programa informático hace así rimar gratuidad y libertad.
Como en la época de las privatizaciones, los expropiadores de hoy pretenden proteger los recursos naturales y favorecer la innovación. Se puede enviarles la contraparte que ya hacía, en 1525, la “Carta de los campesinos alemanes” insurgentes:
“Nuestros señores se apropiaron de los bosques, y si el hombre pobre necesita algo, es necesario que lo compre por un doble precio. Nuestro dictamen es que todos los bosques deben devolverse a la propiedad de la entera comunidad, y que se debe dejar libre a cualquiera de la comunidad el tomar madera sin pagarla. Debe solamente informar a una comisión elegida a tal efecto por la comunidad. De ese modo se impedirá la explotación.” [6]
* Filósofo marxista. Militante del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) de Francia. Autor de numerosas obras, destacándose entre ellas, "Marx Intempesitivo. Grandezas y miserias de una aventura crítica". Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2003.
Notas
[1] Marx, Manuscritos de 1844
[2] Marcel Hénaff, « Cómo interpretar el don », en Esprit, febrero 2002. Marcel Hénaff es el autor, principalemente, de El precio de la verdad. El don, el dinero, la filosofía, Paris, Seuil, 2002.
[3] Libération, 5 enero 2009.
[4] Ver Daniel Bensaïd, Les Dépossédés. Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres, Paris, La Fabrique, 2006. En ESSF, ver la introducción a la edición argentina de esta obra: Daniel Bensaïd, Marx et le vol de bois : Du droit coutumier des pauvres au bien commun de l’humanité.
[5] Marcel Hénaff, op. Cit.
[6] Citado por K. Kautsky, La question agraire, Paris, 1900, p. 25. * Contribución al libro colectivo bajo la dirección de Paul Ariès, « Viv(r)e la gratuité » aparecido en las ediciones Go
¿Y el conocimiento?
¿Existe un derecho incondicional al alojamiento, a la educación?
Daniel Bensaïd *
Traducción de Andrés Lund Medina
Al reducir el valor mercantil de toda riqueza, de todo producto, de todo servicio, al tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción,la ley del mercado tiene por objeto volver conmensurable lo inconmensurable, asignar un precio monetario a lo que es difícilmente cuantificable. Como equivalente general, el dinero tendría así el poder de metamorfosearlo todo. Agente de una universal traducción, “confunde e intercambia toda cosa, es el mundo invertido, la conversión y la confusión de todas las calidades generales y humanas” [1]. La mercantilización generalizada tiene por objeto dar un precio a lo que no tiene: “Este esfuerzo por conferir un precio a todo lo que puede intercambiarse es considerablemente elevado, constata a Marcel Hénaff. Se desliza hacia una concepción de la mercantilización sin límites: todo puede evaluarse en un mercado, por lo tanto todo puede ser vendido, incluido lo invendible.” [2]
El servicio público puede o debería ser gratuito, pero el profesor o la enfermera deben alimentarse y vestirse. Cuestión de actualidad: ¿a qué corresponde entonces el salario de un profesor-investigador universitario? No vende un producto (un conocimiento-mercancía), pero recibe una remuneración financiada por la distribución fiscal del tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y para la reproducción de su fuerza de trabajo (tiempo de formación incluido). ¿Se trata solamente del tiempo que pasa en su laboratorio o del tiempo que transcurre delante de la pantalla de su ordenador (cronometrado por un reloj integrado)? ¿Se detiene su pensamiento cuando toma el metro o hace su jogging? La cuestión resulta todavía más espinosa ya que la producción de los conocimientos es altamente socializada, difícilmente individualizable, e implica una gran cantidad de trabajo muerto. Ahora bien, las reformas en curso tienden a transformar a nuestro profesor investigador en vendedor de prestaciones comerciales. De ahora en adelante se supone que vende ideas o conocimientos cuyos procedimientos de evaluación (como la bibliometría cuantitativa) deberán medir el valor mercantil.
La crisis actual es una crisis histórica -económica, social, ecológica- de la ley del valor. La medida de toda cosa por el tiempo de trabajo abstracto se convirtió en, como Marx lo preveía en sus Manuscritos de 1857, una medida “miserable” de las relaciones sociales. Pero “no se puede administrar lo que no se sabe medir”, afirma el Sr. Pavan Sukhdev, antiguo director del Deutsche Bank de Bombay a quien la Comisión de la Unión Europea pide un informe “para obtener una bitácora de los dirigentes de este mundo”, ¡“asignando muy rápidamente un valor económico a los servicios prestados por la naturaleza”! [3] Medir toda riqueza material, social, cultural, según el patrón del tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción, se vuelve sin embargo cada vez más problemático a causa de una mayor socialización del trabajo y de una incorporación masiva de trabajo intelectual a este trabajo socializado.
¡El tiempo largo de la ecología no es, definitivamente, el tiempo corto del curso de la Bolsa! Asignar “un valor económico” (monetario) a los servicios de la naturaleza tropieza con el espinoso problema de establecer un denominador común a los recursos naturales, a los servicios personales, a los bienes materiales, a la calidad del aire, al agua potable, etc. Debería existir otro patrón que el tiempo de trabajo y otro instrumento de medida que el mercado, capaz de evaluar la calidad y las contrapartidas a largo plazo de las ganancias inmediatas. Sólo una democracia social sería capaz de conceder los medios a las necesidades, de tener en cuenta la temporalidad larga y lenta de los ciclos naturales, y de colocar los términos de las elecciones sociales integrando su dimensión ecológica.
La desmercantilización de las relaciones sociales no se reduce a una simple oposición entre pagar y gratuidad. Inmersa en una economía de mercado competitiva, la gratuidad puede también revelarse perversa y servir de máquina de guerra contra una producción rentable de calidad. Eso es lo que ilustra la multiplicación de los diarios gratuitos e detrimento de un trabajo de información e investigación que cuesta.
Se pueden imaginar y experimentar ámbitos de intercambio directo -no monetario- de bienes de uso o servicios personalizados. Pero este“paradigma del don”, como procedimiento de reconocimiento mutuo, no podría generalizarse, excepto si se concibe una vuelta a una economía autárquica del trueque. Ahora bien, toda sociedad de intercambio ampliado y con una división social compleja del trabajo, requiere una contabilidad y un método de redistribución de las riquezas producidas.
La cuestión central de la desmercantilización es, por consiguiente, la de las formas de apropiación y de las relaciones de propiedad, cuya gratuidad (de acceso a los servicios públicos o a los bienes comunes) no es más que un aspecto. Es la privatización generalizada del mundo -es decir, no solamente de los productos y los servicios, sino de los conocimientos, de lo vivo, del espacio, de la violencia- lo que hace de todo una mercancía vendible. Se asiste así, a mayor escala, a un fenómeno comparable a lo que se produjo a principios del siglo XIX con una ofensiva en toda regla contra los derechos consuetudinarios de los pobres: privatización y mercantilización de bienes comunes y destrucción metódica de las solidaridades tradicionales (familiares y aldeanas ayer,de los sistemas de protección social hoy) [4].
Las controversias sobre la propiedad intelectual son a este respecto ejemplares: “A la menor idea susceptible de generar una actividad se le pone a precio, como en el mundo del espectáculo donde no hay un intuición ni un proyecto que no esté cubierto inmediatamente por un copyright. En vías de apropiación, para los beneficios. No se comparte: se captura, se apropia, se trafica. Vendrán tiempos, quizás, dónde será imposible avanzar una declaración cualquiera sin descubrir que se protegió debidamente y se sometió a derecho de propiedad.” [5] Con la adopción en 1994 del acuerdo TRIPS (Trade Related Aspects o Intellectual Property Rights), en el marco de los acuerdos de la Ronda de Uruguay (de los cuales es resultante la Organización Mundial del Comercio), los gobiernos de los grandes países industrializados consiguieron imponer el respeto mundial de las patentes. Antes, no sólo su validez no se reconocía mundialmente, sino que cincuenta países sencillamente excluían las patentes de sustancias y sólo reconocían la patentes sobre los métodos de fabricación.
Desde los años setenta se asiste así a un absolutización de los derechos de plena propiedad, a una formidable apropiación privada por la multinacionales del conocimiento así como las producciones intelectuales y artísticas en general. Ante la eventualidad de una puesta a disposición de los usuarios de los programas informáticos, el préstamo gratuito de las bibliotecas se cuestionó a partir del final de los años 80. A partir de entonces, la información se han convertido en una nueva forma de capital y el número de patentes registradas cada año ha estallado (156 mil en 2007). Por sí solos, Monsanto, Bayer y BASF registraron 532 patentes sobre genes resistentes a la sequía. Sociedades llamadas “gnomos” compran carteras de patentes con el fin de atacar con juicios a los productores cuya actividad utiliza un conjunto de conocimientos inextricablemente combinados. Nueva forma de erigirse contra el libr acceso al conocimiento, este curso de regular las patentes genera as una verdadera “burbuja de patentes”.
Esta extensión del derecho de las patentes autoriza patentar variedades de plantas cultivadas o animales de ganadería, así como sustancias de un ser vivo, confundiendo al mismo tiempo la distinción entre invención descubrimiento, y abriendo la vía al pillaje neoimperialista para la apropiación de conocimientos zoológicos o botánicos tradicionales. Lo grave no es que patentar secuencias de ADN constituya un ataque a la divina Creación, sino que la elucidación de un fenómeno natural pueda, de ahora en adelante, ser objeto de un derecho de propiedad. La descripción de una secuencia génica es un conocimiento y no un hacer.
Ahora bien, patentes y derechos de autor tenían inicialmente, por contrapartida, la obligación de divulgación pública del conocimiento en cuestión. Esta regla ha sido desviada alguna vez (en nombre, principalmente, del secreto militar), pero Lavoisier no patentó el oxígeno ni Einstein la teoría de la relatividad, ni Watson y Crick lo doble hélice de ADN. Si, desde el siglo XVII, la divulgación favorecía las revoluciones científicas y técnicas, en adelante la parte de los resultados científicos puestos en el ámbito público disminuye, mientras que aumenta la parte confiscada por las patentes, que funcionan para venderse o cobrar una renta.
En 2008, Microsoft anunciaba la puesta en línea en libre acceso en Internet de datos relativo a sus programas informáticos y autorizaba su utilización gratuita para desarrollos no comerciales. No se trataba, se apresuraba a precisar en una entrevista a Médiapart el director de los asuntos jurídicos Marc Mossé, de un cuestionamiento de la propiedad intelectual, sino solamente de una “demostración de que la propiedad intelectual puede ser dinámica”. Ante la competencia de los programa informáticos libres, los programas informáticos comerciales como Microsoft se veían forzados a adaptarse parcialmente a esta lógica de la gratuidad, cuyo fundamento es la contradicción creciente entre la apropiación privativa de los bienes comunes y la socialización del trabajo intelectual que comienza con la práctica de la lengua.
En su tiempo, la apropiación privada de las tierras se defendió en nombre de la productividad agraria argumentando que terminaría por erradicar escaseces y hambres. Asistimos hoy a una nueva ola de privatizaciones, justificadas por el curso de la innovación y la urgencia alimentaria mundial. Pero el uso de la tierra es “mutuamente exclusivo” (lo que uno se apropia, otro no puede utilizar), mientras que el de los conocimientos y saberes no tiene rival: el bien no se extingue por el uso que se le hace, ya se trate de una secuencia genética o de una imagen digitalizada. Esta es la razón por la que, del monje copista al correo electrónico, pasand por la impresión o la fotocopia, el coste de reproducción no dejó de bajar. Y por eso se alega hoy, para justificar la apropiación privada, el estímulo de la investigación más bien que el uso del producto.
Frenando la difusión de la innovación y su enriquecimiento, la privatización contradice las pretensiones del discurso liberal sobre sus beneficios competitivos. El principio del programa informático libre registra, al contrario y a su manera, el carácter fuertemente cooperativa del trabajo social que se encuentra cristalizado. El monopolio de propietario se impugna no, como para los liberales, en nombre de la virtud innovadora de la competencia, sino como obstáculo a la libre cooperación. La ambivalencia del término inglés “free” aplicado al programa informático hace así rimar gratuidad y libertad.
Como en la época de las privatizaciones, los expropiadores de hoy pretenden proteger los recursos naturales y favorecer la innovación. Se puede enviarles la contraparte que ya hacía, en 1525, la “Carta de los campesinos alemanes” insurgentes:
“Nuestros señores se apropiaron de los bosques, y si el hombre pobre necesita algo, es necesario que lo compre por un doble precio. Nuestro dictamen es que todos los bosques deben devolverse a la propiedad de la entera comunidad, y que se debe dejar libre a cualquiera de la comunidad el tomar madera sin pagarla. Debe solamente informar a una comisión elegida a tal efecto por la comunidad. De ese modo se impedirá la explotación.” [6]
* Filósofo marxista. Militante del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA) de Francia. Autor de numerosas obras, destacándose entre ellas, "Marx Intempesitivo. Grandezas y miserias de una aventura crítica". Ediciones Herramienta, Buenos Aires, 2003.
Notas
[1] Marx, Manuscritos de 1844
[2] Marcel Hénaff, « Cómo interpretar el don », en Esprit, febrero 2002. Marcel Hénaff es el autor, principalemente, de El precio de la verdad. El don, el dinero, la filosofía, Paris, Seuil, 2002.
[3] Libération, 5 enero 2009.
[4] Ver Daniel Bensaïd, Les Dépossédés. Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres, Paris, La Fabrique, 2006. En ESSF, ver la introducción a la edición argentina de esta obra: Daniel Bensaïd, Marx et le vol de bois : Du droit coutumier des pauvres au bien commun de l’humanité.
[5] Marcel Hénaff, op. Cit.
[6] Citado por K. Kautsky, La question agraire, Paris, 1900, p. 25. * Contribución al libro colectivo bajo la dirección de Paul Ariès, « Viv(r)e la gratuité » aparecido en las ediciones Go
9/2/09
Información para la necesaria investigación
Entrega información confidencial
Francisco Arenas Murillo / p_armu@hotmail.com
En la Secretaría de Gobernación analizan en estos días si deciden operar para darle un giro inesperado al tema de la tragedia de la guardería ABC o simplemente dejan que la inercia se mantenga en torno a las investigaciones practicadas hasta el momento y se aplique la justicia para y contra los presuntos responsables en el caso.
Y decimos analizan la situación, porque de manera inesperada, en días pasados contaron con una sorpresiva visita que les provocó extrañeza pero que les aportó elementos informativos suficientes para tener una idea más clara del origen de la empresa y cómo se construyó su infraestructura, y de alli partir sobre las causas de la tragedia.
De acuerdo a reportes ofrecidos a Arena Política por personajes que cuentan con información primaria en el Distrito Federal, la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Gurza Jaidar le confió recientemente a quien quería escucharla, que el titular de protección civil de Sonora Wilebaldo Alatriste Candiani le había solicitado una cita en su despacho para intercambiar información relacionada con esa responsabilidad.
Laura Gurza explica a sus confidentes, que su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró de la intención real de Wilebaldo Alatriste: entregarle información confidencial en torno al caso del incendio de la guardería ABC.
En esos documentos entregados a la coordinadora nacional de protección civil, se dan a conocer datos confidenciales sobre los dueños de la guardería, pero además de otros temas delicados en los cuales la dependencia estatal ha tenido intervención y que debían ser de interés de la Secretaría de Gobernación.
Cuando tuvo esos documentos en la mano, Laura Gurza solicitó una explicación a Wilebaldo Alatriste del porqué de su actitud, y la respuesta fue que necesitaban en Sonora contar con asesoría especializada de parte de autoridades federales para realizar mejor la labor de protección civil en el Estado.
De acuerdo a lo comentado por la misma Laura Gurza con algunos comensales con quienes compartía alimentos, en los datos confidenciales entregados por Wilebaldo Alatriste sobresalen los nombres de otros personajes relacionados con los grupos de poder sonorense, quienes lo presionaron, dice Laura Gurza, “presionaron a Wilebaldo (Alatriste) a que firmara documentos comprometedores sobre el caso de la guardería ABC”.
Sin embargo, no se ventiló la identidad de esos personajes a los cuales expone ante la Secretaría de Gobernación el actual titular de protección civil en el Estado, aunque quienes conocen su trayectoria puede inferir a quienes se refería.
Nuestra fuente primaria de información, nos aclaró que si la funcionaria federal lo comentó a sus comensales, es porque quería ella misma que se conociera el tema y que trascendiera más allá de las paredes de su oficina.
Quién sabe entonces hasta donde lleguen los alcances de esa información confidencial de la cual Laura Gurza hace alusión en sus conversaciones y sobre todo de qué manera le servirá al gobierno federal a reencauzar las investigaciones en torno a la tragedia de la guardería ABC en Sonora.
Pero lo que sí queda en entredicho, es la lealtad, el agradecimiento y la institucionalidad del director estatal de protección civil Wilebaldo Alatriste Candiani, porque esa acción realizada de entregar información confidencial a un grupo político antagónico a su jefe el gobernador del Estado, puede ser considerado como una traición en estos momentos en los que se han definido ya muchos de aquellos de los que Eduardo Bours siempre desconfió de sus lealtades.
Si los documentos entregados a la Secretaría de Gobernación por el citado funcionario estatal son comprometedores y tienen peso como para modificar las investigaciones en torno al incendio de la guardería ABC, pronto lo atestiguaremos y veremos los alcances de ese acto de Wilebaldo Alatriste
Francisco Arenas Murillo / p_armu@hotmail.com
En la Secretaría de Gobernación analizan en estos días si deciden operar para darle un giro inesperado al tema de la tragedia de la guardería ABC o simplemente dejan que la inercia se mantenga en torno a las investigaciones practicadas hasta el momento y se aplique la justicia para y contra los presuntos responsables en el caso.
Y decimos analizan la situación, porque de manera inesperada, en días pasados contaron con una sorpresiva visita que les provocó extrañeza pero que les aportó elementos informativos suficientes para tener una idea más clara del origen de la empresa y cómo se construyó su infraestructura, y de alli partir sobre las causas de la tragedia.
De acuerdo a reportes ofrecidos a Arena Política por personajes que cuentan con información primaria en el Distrito Federal, la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Gurza Jaidar le confió recientemente a quien quería escucharla, que el titular de protección civil de Sonora Wilebaldo Alatriste Candiani le había solicitado una cita en su despacho para intercambiar información relacionada con esa responsabilidad.
Laura Gurza explica a sus confidentes, que su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró de la intención real de Wilebaldo Alatriste: entregarle información confidencial en torno al caso del incendio de la guardería ABC.
En esos documentos entregados a la coordinadora nacional de protección civil, se dan a conocer datos confidenciales sobre los dueños de la guardería, pero además de otros temas delicados en los cuales la dependencia estatal ha tenido intervención y que debían ser de interés de la Secretaría de Gobernación.
Cuando tuvo esos documentos en la mano, Laura Gurza solicitó una explicación a Wilebaldo Alatriste del porqué de su actitud, y la respuesta fue que necesitaban en Sonora contar con asesoría especializada de parte de autoridades federales para realizar mejor la labor de protección civil en el Estado.
De acuerdo a lo comentado por la misma Laura Gurza con algunos comensales con quienes compartía alimentos, en los datos confidenciales entregados por Wilebaldo Alatriste sobresalen los nombres de otros personajes relacionados con los grupos de poder sonorense, quienes lo presionaron, dice Laura Gurza, “presionaron a Wilebaldo (Alatriste) a que firmara documentos comprometedores sobre el caso de la guardería ABC”.
Sin embargo, no se ventiló la identidad de esos personajes a los cuales expone ante la Secretaría de Gobernación el actual titular de protección civil en el Estado, aunque quienes conocen su trayectoria puede inferir a quienes se refería.
Nuestra fuente primaria de información, nos aclaró que si la funcionaria federal lo comentó a sus comensales, es porque quería ella misma que se conociera el tema y que trascendiera más allá de las paredes de su oficina.
Quién sabe entonces hasta donde lleguen los alcances de esa información confidencial de la cual Laura Gurza hace alusión en sus conversaciones y sobre todo de qué manera le servirá al gobierno federal a reencauzar las investigaciones en torno a la tragedia de la guardería ABC en Sonora.
Pero lo que sí queda en entredicho, es la lealtad, el agradecimiento y la institucionalidad del director estatal de protección civil Wilebaldo Alatriste Candiani, porque esa acción realizada de entregar información confidencial a un grupo político antagónico a su jefe el gobernador del Estado, puede ser considerado como una traición en estos momentos en los que se han definido ya muchos de aquellos de los que Eduardo Bours siempre desconfió de sus lealtades.
Si los documentos entregados a la Secretaría de Gobernación por el citado funcionario estatal son comprometedores y tienen peso como para modificar las investigaciones en torno al incendio de la guardería ABC, pronto lo atestiguaremos y veremos los alcances de ese acto de Wilebaldo Alatriste
9/1/09
El artículo de Daniel Gershenson
La hora de la responsabilidad
26 de agosto de 2009
Algún día, nuestros historiadores desentrañarán sin sobresaltos los motivos que orillaron a las actuales cúpulas mexicanas —la política y la empresarial, por mencionar dos de las más visibles— a actuar con tanta mezquindad en cuestiones del bien común, después de que llegó la democracia electoral al despuntar el nuevo siglo.
¿Por qué en temas íntimamente ligados con los derechos humanos (medio ambiente, salud, patrimonio histórico, seguridad) se ha descuidado el interés general al grado de habernos convertido en el país que presenta mayores rezagos a nivel continental? ¿Qué pasa por las cabezas de los que deberían promover estos cambios a favor de millones de ciudadanos agraviados por malos proveedores o por servidores públicos que cometen arbitrariedades?
Explorar las motivaciones de nuestros políticos y líderes empresariales, que niegan para México prácticas comunes a otros países latinoamericanos que obtienen resultados exitosos y trascendentes, debe ser motivo de interés tanto para los estudiosos como para el gran público.
Un caso de libro de texto podría el ser golpe de mano protagonizado por el GDF, que en alianza non sancta con la fracción local panista reventó un acuerdo ya pactado de discutir y aprobar una iniciativa a favor de las acciones de grupo durante el periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa. Un claro ejemplo de la distancia que la autoridad está dispuesta a recorrer con tal de no hacer lo correcto.
El 17 de agosto, la Comisión de Administración e Impartición de Justicia en la ALDF aprobó subir a debate al pleno, por primera vez en la historia de esta ciudad, el tema de las acciones colectivas emprendidas por grupos de ciudadanos y organismos de la sociedad civil. Pero merced a la intervención del GDF, del PAN y de una minoría obcecada del empresariado que ya consiguió que la versión federal de este tema naciera en la Cámara Baja con graves vicios de origen, el proyecto local fue sometido a un veto terminante.
No tuvieron los 66 asambleístas oportunidad de discutir un proyecto que ha tomado más de tres años, y que tiene el visto bueno de magistrados, académicos, especialistas nacionales y extranjeros, representantes de asociaciones civiles, distinguidos personajes públicos y ciudadanos comprometidos. Al estilo de cualquier república bananera o politburó de la cortina de hierro, se decretó sin miramientos el cerrojazo.
Decir que han privado razones económicas —sumadas a un pragmatismo mal entendido que pasa por posibles compromisos electorales— me parece una explicación incompleta. Seguramente se presentaron en su momento resistencias similares en Brasil, Costa Rica o Colombia. Introducir prácticas modernas de rendición de cuentas siempre entraña amenazas para los intereses creados, pero el papel de los legisladores en esos países fue favorecer a los sectores más desprotegidos.
Y es que no ha habido de otra. La acción de un Estado que sabe que la prioridad es ampliar los cauces institucionales para que la ciudadanía defienda sus derechos en igualdad de circunstancias ante proveedores omnímodos o autoridades arbitrarias no admite otra interpretación.
El mejor método para llegar a ese equilibrio es la acción colectiva, que permite que un conjunto de individuos que hayan padecido la misma afectación pueda presentar su queja ante la autoridad judicial como si fueran uno solo. Las decisiones derivadas de esta figura jurídica han servido para crear importantes precedentes y para paliar los excesos relacionados con abusos sistemáticos, a lo largo y ancho de esas naciones.
El mayor atributo de las acciones colectivas consiste en que, una vez establecidas en la ley, los infractores modifican su comportamiento hacia patrones de conducta mucho más virtuosos y racionales. Saben que ya no pueden salirse con la suya sin pagar altísimos costos. Si pretenden incurrir en las prácticas de antaño, existe la certeza de que afrontarán las consecuencias a la exacta medida de su irresponsabilidad.
El discurso trillado de la excepción mexicana ya no resiste el menor análisis. Los que tienen que tomar estas decisiones, que sólo son intolerables para los que consideran que el abuso redituable es costumbre, conocen los alcances de la justicia colectiva. Porque saben que estarán haciendo historia y aquilatan su veredicto, tendrán que reivindicarse ante nosotros ahora y ante los especialistas del futuro. Están en tiempo para completar la faena, a favor de todos.
Presidente de Alconsumidor, AC
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45377.html
26 de agosto de 2009
Algún día, nuestros historiadores desentrañarán sin sobresaltos los motivos que orillaron a las actuales cúpulas mexicanas —la política y la empresarial, por mencionar dos de las más visibles— a actuar con tanta mezquindad en cuestiones del bien común, después de que llegó la democracia electoral al despuntar el nuevo siglo.
¿Por qué en temas íntimamente ligados con los derechos humanos (medio ambiente, salud, patrimonio histórico, seguridad) se ha descuidado el interés general al grado de habernos convertido en el país que presenta mayores rezagos a nivel continental? ¿Qué pasa por las cabezas de los que deberían promover estos cambios a favor de millones de ciudadanos agraviados por malos proveedores o por servidores públicos que cometen arbitrariedades?
Explorar las motivaciones de nuestros políticos y líderes empresariales, que niegan para México prácticas comunes a otros países latinoamericanos que obtienen resultados exitosos y trascendentes, debe ser motivo de interés tanto para los estudiosos como para el gran público.
Un caso de libro de texto podría el ser golpe de mano protagonizado por el GDF, que en alianza non sancta con la fracción local panista reventó un acuerdo ya pactado de discutir y aprobar una iniciativa a favor de las acciones de grupo durante el periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa. Un claro ejemplo de la distancia que la autoridad está dispuesta a recorrer con tal de no hacer lo correcto.
El 17 de agosto, la Comisión de Administración e Impartición de Justicia en la ALDF aprobó subir a debate al pleno, por primera vez en la historia de esta ciudad, el tema de las acciones colectivas emprendidas por grupos de ciudadanos y organismos de la sociedad civil. Pero merced a la intervención del GDF, del PAN y de una minoría obcecada del empresariado que ya consiguió que la versión federal de este tema naciera en la Cámara Baja con graves vicios de origen, el proyecto local fue sometido a un veto terminante.
No tuvieron los 66 asambleístas oportunidad de discutir un proyecto que ha tomado más de tres años, y que tiene el visto bueno de magistrados, académicos, especialistas nacionales y extranjeros, representantes de asociaciones civiles, distinguidos personajes públicos y ciudadanos comprometidos. Al estilo de cualquier república bananera o politburó de la cortina de hierro, se decretó sin miramientos el cerrojazo.
Decir que han privado razones económicas —sumadas a un pragmatismo mal entendido que pasa por posibles compromisos electorales— me parece una explicación incompleta. Seguramente se presentaron en su momento resistencias similares en Brasil, Costa Rica o Colombia. Introducir prácticas modernas de rendición de cuentas siempre entraña amenazas para los intereses creados, pero el papel de los legisladores en esos países fue favorecer a los sectores más desprotegidos.
Y es que no ha habido de otra. La acción de un Estado que sabe que la prioridad es ampliar los cauces institucionales para que la ciudadanía defienda sus derechos en igualdad de circunstancias ante proveedores omnímodos o autoridades arbitrarias no admite otra interpretación.
El mejor método para llegar a ese equilibrio es la acción colectiva, que permite que un conjunto de individuos que hayan padecido la misma afectación pueda presentar su queja ante la autoridad judicial como si fueran uno solo. Las decisiones derivadas de esta figura jurídica han servido para crear importantes precedentes y para paliar los excesos relacionados con abusos sistemáticos, a lo largo y ancho de esas naciones.
El mayor atributo de las acciones colectivas consiste en que, una vez establecidas en la ley, los infractores modifican su comportamiento hacia patrones de conducta mucho más virtuosos y racionales. Saben que ya no pueden salirse con la suya sin pagar altísimos costos. Si pretenden incurrir en las prácticas de antaño, existe la certeza de que afrontarán las consecuencias a la exacta medida de su irresponsabilidad.
El discurso trillado de la excepción mexicana ya no resiste el menor análisis. Los que tienen que tomar estas decisiones, que sólo son intolerables para los que consideran que el abuso redituable es costumbre, conocen los alcances de la justicia colectiva. Porque saben que estarán haciendo historia y aquilatan su veredicto, tendrán que reivindicarse ante nosotros ahora y ante los especialistas del futuro. Están en tiempo para completar la faena, a favor de todos.
Presidente de Alconsumidor, AC
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/45377.html
El artículo de Juhani Ackgba en Terra
Guardería ABC: Justicia pausada
http://www.terra.com.mx/animaciones/000408/default.htm
http://www.terra.com.mx/animaciones/000408/default.htm
LOGROS 5J Cajeme
Crónica de una sesión de Cabildo
Martes 01 de Septiembre de 2009
Por Jesús Noriega
La tarde anunciaba borrasca y los nubarrones del cielo oscurecieron pronto, pero trajeron frescos vientecillos, como albricias de novedades improbables.
Adentro la Sesión del Cabildo del H. Ayuntamiento de Cajeme empezó con treinta minutos retrasada, los que llegaban a cuentagotas hicieron saber que acompañaron en su duelo a uno de los regidores.
Llegó el alcalde Villanueva y despreocupado dio el banderazo de la sesión. El secretario confirmó la ausencia de Pablo Kuraica que acompañaba a la familia en las exequias de su madre, y el silencio que siguió a la cita del nombre del regidor étnico Gotobopicio, anunció que tampoco estaba presente en la Sala de Cabildos.
¡Sr. Presidente, hay quórum! Dijo entre bostezos el secretario del Ayuntamiento, y la solemne sesión comenzó: Que si se acepta revestir de formalidades al changarrote de todas las reuniones políticas de Cajeme (cuyas medidas de seguridad están bajo sospecha) para leer el último informe del munícipe; que si regularizamos aquel lote que usa desde los tiempos del “Pelón” Rosas el jardín de niños de la colonia equis; que si hacemos trueque con el otro lote que necesita la compañía constructora mochiteca, y así por el estilo, se agotaron los puntos del Orden del Día…
En otro sector no muy lejano a la mesa de los debates, se arrejolinaban en tres sillas los miembros del Movimiento 5 de Junio de Cajeme… Entre frotadas de nerviosismo, las manos de Maripaz deshacían las ansias en sudor y daban extrañas formas agusanadas al chicle masticado; Con la obsesión propia de cualquier labregón lurio de amor, Rosendo acariciaba la tapa del celular, que en modo vibratprio convulsionaba entre sus dedos y le avisaba la marcación de uno de los padres de familia de la Guardería ABC; el Lic. Ruvalcaba, tocado con un anacrónico sombrero, cubría celosamente el espadarapo que tapaba siete puntos de sutura y le rellenaba un tercio del cuero cabelludo, y de pasadita se daba tiempo de echarle ojos a la sesión.
A los cien minutos del comienzo, la reunión pasó a los Asuntos Generales y el Regidor Joaquín Armendáriz Bórquez impostó la voz… Silencio señores para que suene claro, se oiga fuerte y se escuche lejos: Punto número 1, que el H. Ayuntamiento de Cajeme exhorta a la Procuraduría General de la República a darle celeridad a las averiguaciones para generar resultados concretos en la investigación del trágico incendio de la Guardería ABC en la que criminalmente murieron 49 niños sonorenses; Alzaron las manos todos y ¡Aprobado! voceó el alcalde
Punto número 2, que el H. Ayuntamiento de Cajeme solicite al Congreso del Estado de Sonora la reglamentación de la Ley de Protección Civil y su instrumentación en todos los municipios del estado… Omar Partida jaloneó el punto de acuerdo con nimiedades, pero Joaquín y Marcelino lo arrinconaron y finalmente se convenció de las naderías insustanciales que reclamaba, dobló sus manitas y junto a todos alzó la diestra para que el mayoral gritara ¡Aprobado!
Hay una deuda de honor con el H. Ayuntamiento de Cajeme; con cada uno de los regidores que hicieron posible los puntos de acuerdo; con la parte que le corresponde al alcalde Francisco Villanueva; con los representantes de los medios que atestiguaron las iniciativas; pero especialmente, muy especialmente, con el Regidor Joaquín Armendáriz Bórquez, que tomó bajo su égida las inquietudes del Movimiento 5 de Junio-Cajeme y las llevó a la mesa de la representación social del municipio para el debate.
Al filo de las ocho de la noche del día martes primero de septiembre del 2009, los representantes sociales de Cajeme, en un acto de congruencia con el dolor humano que aflige a la sociedad sonorense, unieron sus voluntades para reclamarle a la Procuraduría General de la República celeridad y resultados con la búsqueda de justicia ejemplar, y por otro lado, se sumaron para instarle a los diputados del Congreso del Estado de Sonora a precaver a los sonorense de riesgos que pongan en peligro su vida o su salud.
Aquí estamos de nuevo de cara a la sociedad sonorense para entregar nuevas cuentas: Dos puntos de acuerdo y una esperanza cierta, que el Movimiento 5 de Junio-Cajeme entrega hoy a los padres y madres de familia de los niños de la Guardería ABC, como si ahora dejara en sus manos talegas de oro, mirra e incienso.
La lucha sigue, y la siguiente batalla apenas empieza.
Martes 01 de Septiembre de 2009
Por Jesús Noriega
La tarde anunciaba borrasca y los nubarrones del cielo oscurecieron pronto, pero trajeron frescos vientecillos, como albricias de novedades improbables.
Adentro la Sesión del Cabildo del H. Ayuntamiento de Cajeme empezó con treinta minutos retrasada, los que llegaban a cuentagotas hicieron saber que acompañaron en su duelo a uno de los regidores.
Llegó el alcalde Villanueva y despreocupado dio el banderazo de la sesión. El secretario confirmó la ausencia de Pablo Kuraica que acompañaba a la familia en las exequias de su madre, y el silencio que siguió a la cita del nombre del regidor étnico Gotobopicio, anunció que tampoco estaba presente en la Sala de Cabildos.
¡Sr. Presidente, hay quórum! Dijo entre bostezos el secretario del Ayuntamiento, y la solemne sesión comenzó: Que si se acepta revestir de formalidades al changarrote de todas las reuniones políticas de Cajeme (cuyas medidas de seguridad están bajo sospecha) para leer el último informe del munícipe; que si regularizamos aquel lote que usa desde los tiempos del “Pelón” Rosas el jardín de niños de la colonia equis; que si hacemos trueque con el otro lote que necesita la compañía constructora mochiteca, y así por el estilo, se agotaron los puntos del Orden del Día…
En otro sector no muy lejano a la mesa de los debates, se arrejolinaban en tres sillas los miembros del Movimiento 5 de Junio de Cajeme… Entre frotadas de nerviosismo, las manos de Maripaz deshacían las ansias en sudor y daban extrañas formas agusanadas al chicle masticado; Con la obsesión propia de cualquier labregón lurio de amor, Rosendo acariciaba la tapa del celular, que en modo vibratprio convulsionaba entre sus dedos y le avisaba la marcación de uno de los padres de familia de la Guardería ABC; el Lic. Ruvalcaba, tocado con un anacrónico sombrero, cubría celosamente el espadarapo que tapaba siete puntos de sutura y le rellenaba un tercio del cuero cabelludo, y de pasadita se daba tiempo de echarle ojos a la sesión.
A los cien minutos del comienzo, la reunión pasó a los Asuntos Generales y el Regidor Joaquín Armendáriz Bórquez impostó la voz… Silencio señores para que suene claro, se oiga fuerte y se escuche lejos: Punto número 1, que el H. Ayuntamiento de Cajeme exhorta a la Procuraduría General de la República a darle celeridad a las averiguaciones para generar resultados concretos en la investigación del trágico incendio de la Guardería ABC en la que criminalmente murieron 49 niños sonorenses; Alzaron las manos todos y ¡Aprobado! voceó el alcalde
Punto número 2, que el H. Ayuntamiento de Cajeme solicite al Congreso del Estado de Sonora la reglamentación de la Ley de Protección Civil y su instrumentación en todos los municipios del estado… Omar Partida jaloneó el punto de acuerdo con nimiedades, pero Joaquín y Marcelino lo arrinconaron y finalmente se convenció de las naderías insustanciales que reclamaba, dobló sus manitas y junto a todos alzó la diestra para que el mayoral gritara ¡Aprobado!
Hay una deuda de honor con el H. Ayuntamiento de Cajeme; con cada uno de los regidores que hicieron posible los puntos de acuerdo; con la parte que le corresponde al alcalde Francisco Villanueva; con los representantes de los medios que atestiguaron las iniciativas; pero especialmente, muy especialmente, con el Regidor Joaquín Armendáriz Bórquez, que tomó bajo su égida las inquietudes del Movimiento 5 de Junio-Cajeme y las llevó a la mesa de la representación social del municipio para el debate.
Al filo de las ocho de la noche del día martes primero de septiembre del 2009, los representantes sociales de Cajeme, en un acto de congruencia con el dolor humano que aflige a la sociedad sonorense, unieron sus voluntades para reclamarle a la Procuraduría General de la República celeridad y resultados con la búsqueda de justicia ejemplar, y por otro lado, se sumaron para instarle a los diputados del Congreso del Estado de Sonora a precaver a los sonorense de riesgos que pongan en peligro su vida o su salud.
Aquí estamos de nuevo de cara a la sociedad sonorense para entregar nuevas cuentas: Dos puntos de acuerdo y una esperanza cierta, que el Movimiento 5 de Junio-Cajeme entrega hoy a los padres y madres de familia de los niños de la Guardería ABC, como si ahora dejara en sus manos talegas de oro, mirra e incienso.
La lucha sigue, y la siguiente batalla apenas empieza.
Los Diez Mandamientos
PLENO DE MINISTROS APRUEBA PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE HECHOS EN GUARDERÍA ABC
México, D. F., 31 de Agosto de 2009.
Los magistrados comisionados presentaron el proyecto con el que buscan que se conozca la verdad, para que no haya impunidad y se haga justicia.
Se analizará el desempeño global de guarderías públicas, y se identificará a las autoridades que pudieran haber participado en los hechos.
Al término de las investigaciones, la Comisión Investigadora presentará un informe preliminar, y corresponderá al Pleno determinar si hubo violaciones graves a las garantías individuales.
El Pleno del Alto Tribunal aprobó, en sesión pública, el protocolo de investigación presentado por la Comisión Investigadora de los hechos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio pasado, para que los padres y familiares de los menores afectados queden plenamente satisfechos en su legítimo reclamo de que se conozca la verdad, no exista impunidad y se haga justicia.
Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla plantearon que en sus investigaciones se establecerá si en esos acontecimientos hubo violación grave de las garantías individuales, y se analizará el desempeño global del sistema de guarderías públicas que funcionan bajo el mismo o similar esquema, con el propósito de evitar, o por lo menos minimizar, la posibilidad de que ocurra otro suceso similar al de la Guardería ABC.
Indicaron que en el contexto de la investigación se analizará y verificará el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país, y se buscará coadyuvar a que las comunidades local y nacional tengan la certeza de lo que sucedió, así como de la legalidad, oportunidad y efectividad o no de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades.
Los magistrados plantearon los diez objetivos de investigación establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
- Identificar a las personas que participaron en los hechos que pudieran ser violaciones graves a las garantías individuales --del IMSS, del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora, además de las que resulten;
- Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de inspección y con qué periodicidad, para verificar las condiciones de funcionamiento de la Guardería ABC, y en caso de hacer observaciones, si vigilaban su cumplimiento;
- Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados entre el IMSS con particulares no patrones, para la prestación del servicio;
- Investigar el origen y situación de los convenios de subrogación entre el IMSS con patrones que tienen guarderías instaladas en sus establecimientos;
- Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC;
- Especificar qué autoridades administrativas del IMSS celebraron el convenio con los representantes de la Guardería ABC, así como el procedimiento con la normatividad que se observó para su otorgamiento;
- Analizar si con la conducta de acción u omisión de los funcionarios encargados del correcto funcionamiento de guarderías, las consecuencias del accidente en la Guardería ABC pudieron evitarse y con ello se hubiera podido salvaguardar la vida e integridad de los menores que se encontraban en el establecimiento;
-Identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso;
- Esclarecer la intervención de las autoridades del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora en relación con el otorgamiento de permiso de uso del suelo y licencia de funcionamiento como guardería, así como los demás otorgados respecto del inmueble correlativo y los demás aledaños, y
- Analizar el marco jurídico --federal, estatal y municipal-- relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería, y estudiar cuáles son los alcances y grados de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio de las niñas y niños, en el ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes.
Los magistrados indicaron que en su investigación, prevista en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, se tiene la hipótesis de si los hechos en la Guardería ABC fueron resultado o están relacionados con la existencia de un desorden generalizado en la instalación, operación y supervisión de las guarderías del IMSS que tienen un esquema similar a la guardería del siniestro.
Asimismo, establecer si ese eventual desorden obedece a omisión, negligencia, impotencia e indiferencia de las autoridades públicas en el otorgamiento, funcionamiento, vigilancia y supervisión de los convenios por virtud de los cuales funcionan ese tipio de guarderías, así como de la normatividad que rige su funcionamiento.
En su metodología de investigación, los magistrados informaron que se revisará la legislación relativa al funcionamiento, vigilancia y supervisión de las guarderías públicas en general, con el propósito de dar a conocer si el Estado mexicano ha o no cumplido con los compromisos adquiridos en convenios internacionales relativos a la seguridad social y a la protección de los infantes.
El examen normativo también concluirá, precisaron, con un diagnóstico destinado a revelar si la posibilidad de que particulares presten el servicio de guarderías se encuentra prevista en la ley, reglamento u otro instrumento jurídico; y hasta qué punto es factible que el Estado delegue a particulares una obligación que tiene constitucionalmente establecida.
Luego de las investigaciones, la Comisión Investigadora presentará un informe preliminar ante en Pleno del Alto Tribunal, en el que incluirá descripción y grado de responsabilidad de las autoridades en la implementación del régimen de guarderías; esclarecer el grado de incidencia de las conductas activas y omisivas de las autoridades en el accidente en la Guardería ABC, y si existen actos de negligencia posteriores al suceso.
En la sesión de hoy se aprobó, con el protocolo de investigación, el calendario de las fases de la misma.
El Pleno de ministros será el encargado de determinar si hubo violaciones graves a las garantías individuales, en los hechos de la Guardería ABC.
México, D. F., 31 de Agosto de 2009.
Los magistrados comisionados presentaron el proyecto con el que buscan que se conozca la verdad, para que no haya impunidad y se haga justicia.
Se analizará el desempeño global de guarderías públicas, y se identificará a las autoridades que pudieran haber participado en los hechos.
Al término de las investigaciones, la Comisión Investigadora presentará un informe preliminar, y corresponderá al Pleno determinar si hubo violaciones graves a las garantías individuales.
El Pleno del Alto Tribunal aprobó, en sesión pública, el protocolo de investigación presentado por la Comisión Investigadora de los hechos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio pasado, para que los padres y familiares de los menores afectados queden plenamente satisfechos en su legítimo reclamo de que se conozca la verdad, no exista impunidad y se haga justicia.
Los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla plantearon que en sus investigaciones se establecerá si en esos acontecimientos hubo violación grave de las garantías individuales, y se analizará el desempeño global del sistema de guarderías públicas que funcionan bajo el mismo o similar esquema, con el propósito de evitar, o por lo menos minimizar, la posibilidad de que ocurra otro suceso similar al de la Guardería ABC.
Indicaron que en el contexto de la investigación se analizará y verificará el sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en todo el país, y se buscará coadyuvar a que las comunidades local y nacional tengan la certeza de lo que sucedió, así como de la legalidad, oportunidad y efectividad o no de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades.
Los magistrados plantearon los diez objetivos de investigación establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
- Identificar a las personas que participaron en los hechos que pudieran ser violaciones graves a las garantías individuales --del IMSS, del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora, además de las que resulten;
- Investigar si las autoridades competentes realizaban visitas de inspección y con qué periodicidad, para verificar las condiciones de funcionamiento de la Guardería ABC, y en caso de hacer observaciones, si vigilaban su cumplimiento;
- Investigar el origen y situación actual de los convenios de subrogación celebrados entre el IMSS con particulares no patrones, para la prestación del servicio;
- Investigar el origen y situación de los convenios de subrogación entre el IMSS con patrones que tienen guarderías instaladas en sus establecimientos;
- Determinar el origen, contenido y cumplimiento del convenio de subrogación entre el IMSS y los particulares que prestaban el servicio en la Guardería ABC;
- Especificar qué autoridades administrativas del IMSS celebraron el convenio con los representantes de la Guardería ABC, así como el procedimiento con la normatividad que se observó para su otorgamiento;
- Analizar si con la conducta de acción u omisión de los funcionarios encargados del correcto funcionamiento de guarderías, las consecuencias del accidente en la Guardería ABC pudieron evitarse y con ello se hubiera podido salvaguardar la vida e integridad de los menores que se encontraban en el establecimiento;
-Identificar los actos de negligencia médica posteriores al suceso;
- Esclarecer la intervención de las autoridades del municipio de Hermosillo y del estado de Sonora en relación con el otorgamiento de permiso de uso del suelo y licencia de funcionamiento como guardería, así como los demás otorgados respecto del inmueble correlativo y los demás aledaños, y
- Analizar el marco jurídico --federal, estatal y municipal-- relativo al origen, establecimiento, operación y funcionamiento de los servicios de guardería, y estudiar cuáles son los alcances y grados de responsabilidad que existían entre las diversas autoridades encargadas de implementar la política de guarderías, en razón de tratarse de un beneficio de las niñas y niños, en el ejercicio del derecho a la salud y de los derechohabientes.
Los magistrados indicaron que en su investigación, prevista en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, se tiene la hipótesis de si los hechos en la Guardería ABC fueron resultado o están relacionados con la existencia de un desorden generalizado en la instalación, operación y supervisión de las guarderías del IMSS que tienen un esquema similar a la guardería del siniestro.
Asimismo, establecer si ese eventual desorden obedece a omisión, negligencia, impotencia e indiferencia de las autoridades públicas en el otorgamiento, funcionamiento, vigilancia y supervisión de los convenios por virtud de los cuales funcionan ese tipio de guarderías, así como de la normatividad que rige su funcionamiento.
En su metodología de investigación, los magistrados informaron que se revisará la legislación relativa al funcionamiento, vigilancia y supervisión de las guarderías públicas en general, con el propósito de dar a conocer si el Estado mexicano ha o no cumplido con los compromisos adquiridos en convenios internacionales relativos a la seguridad social y a la protección de los infantes.
El examen normativo también concluirá, precisaron, con un diagnóstico destinado a revelar si la posibilidad de que particulares presten el servicio de guarderías se encuentra prevista en la ley, reglamento u otro instrumento jurídico; y hasta qué punto es factible que el Estado delegue a particulares una obligación que tiene constitucionalmente establecida.
Luego de las investigaciones, la Comisión Investigadora presentará un informe preliminar ante en Pleno del Alto Tribunal, en el que incluirá descripción y grado de responsabilidad de las autoridades en la implementación del régimen de guarderías; esclarecer el grado de incidencia de las conductas activas y omisivas de las autoridades en el accidente en la Guardería ABC, y si existen actos de negligencia posteriores al suceso.
En la sesión de hoy se aprobó, con el protocolo de investigación, el calendario de las fases de la misma.
El Pleno de ministros será el encargado de determinar si hubo violaciones graves a las garantías individuales, en los hechos de la Guardería ABC.
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