El artículo de Daniel Gershenson

La hora de la responsabilidad
26 de agosto de 2009

Algún día, nuestros historiadores desentrañarán sin sobresaltos los motivos que orillaron a las actuales cúpulas mexicanas —la política y la empresarial, por mencionar dos de las más visibles— a actuar con tanta mezquindad en cuestiones del bien común, después de que llegó la democracia electoral al despuntar el nuevo siglo.
¿Por qué en temas íntimamente ligados con los derechos humanos (medio ambiente, salud, patrimonio histórico, seguridad) se ha descuidado el interés general al grado de habernos convertido en el país que presenta mayores rezagos a nivel continental? ¿Qué pasa por las cabezas de los que deberían promover estos cambios a favor de millones de ciudadanos agraviados por malos proveedores o por servidores públicos que cometen arbitrariedades?
Explorar las motivaciones de nuestros políticos y líderes empresariales, que niegan para México prácticas comunes a otros países latinoamericanos que obtienen resultados exitosos y trascendentes, debe ser motivo de interés tanto para los estudiosos como para el gran público.


Un caso de libro de texto podría el ser golpe de mano protagonizado por el GDF, que en alianza non sancta con la fracción local panista reventó un acuerdo ya pactado de discutir y aprobar una iniciativa a favor de las acciones de grupo durante el periodo extraordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa. Un claro ejemplo de la distancia que la autoridad está dispuesta a recorrer con tal de no hacer lo correcto.


El 17 de agosto, la Comisión de Administración e Impartición de Justicia en la ALDF aprobó subir a debate al pleno, por primera vez en la historia de esta ciudad, el tema de las acciones colectivas emprendidas por grupos de ciudadanos y organismos de la sociedad civil. Pero merced a la intervención del GDF, del PAN y de una minoría obcecada del empresariado que ya consiguió que la versión federal de este tema naciera en la Cámara Baja con graves vicios de origen, el proyecto local fue sometido a un veto terminante.


No tuvieron los 66 asambleístas oportunidad de discutir un proyecto que ha tomado más de tres años, y que tiene el visto bueno de magistrados, académicos, especialistas nacionales y extranjeros, representantes de asociaciones civiles, distinguidos personajes públicos y ciudadanos comprometidos. Al estilo de cualquier república bananera o politburó de la cortina de hierro, se decretó sin miramientos el cerrojazo.





Decir que han privado razones económicas —sumadas a un pragmatismo mal entendido que pasa por posibles compromisos electorales— me parece una explicación incompleta. Seguramente se presentaron en su momento resistencias similares en Brasil, Costa Rica o Colombia. Introducir prácticas modernas de rendición de cuentas siempre entraña amenazas para los intereses creados, pero el papel de los legisladores en esos países fue favorecer a los sectores más desprotegidos.


Y es que no ha habido de otra. La acción de un Estado que sabe que la prioridad es ampliar los cauces institucionales para que la ciudadanía defienda sus derechos en igualdad de circunstancias ante proveedores omnímodos o autoridades arbitrarias no admite otra interpretación.


El mejor método para llegar a ese equilibrio es la acción colectiva, que permite que un conjunto de individuos que hayan padecido la misma afectación pueda presentar su queja ante la autoridad judicial como si fueran uno solo. Las decisiones derivadas de esta figura jurídica han servido para crear importantes precedentes y para paliar los excesos relacionados con abusos sistemáticos, a lo largo y ancho de esas naciones.


El mayor atributo de las acciones colectivas consiste en que, una vez establecidas en la ley, los infractores modifican su comportamiento hacia patrones de conducta mucho más virtuosos y racionales. Saben que ya no pueden salirse con la suya sin pagar altísimos costos. Si pretenden incurrir en las prácticas de antaño, existe la certeza de que afrontarán las consecuencias a la exacta medida de su irresponsabilidad.


El discurso trillado de la excepción mexicana ya no resiste el menor análisis. Los que tienen que tomar estas decisiones, que sólo son intolerables para los que consideran que el abuso redituable es costumbre, conocen los alcances de la justicia colectiva. Porque saben que estarán haciendo historia y aquilatan su veredicto, tendrán que reivindicarse ante nosotros ahora y ante los especialistas del futuro. Están en tiempo para completar la faena, a favor de todos.


Presidente de Alconsumidor, AC

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